Este viernes se produjo el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en la localidad de Puerto General San Martín, en el departamento San Lorenzo. El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, junto a la fiscal Natalia Benvenuto, supervisaron el operativo.
Se trata de una nueva intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Santa Fe, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024.
"Estos barrios que se ven afectados por la violencia, en su mayoría generada por la venta de drogas, requerían de nuestra intervención. De esta manera estamos evitando que continúe el desarrollo de la venta de estupefacientes a través de un trabajo integrado entre el ministerio de Justicia y Seguridad, el MPA y la Policía", señaló Pereira.
El funcionario explicó que este tipo de instancias forma parte de la segunda etapa de la política de microtráfico, en la que “como consecuencia de las investigaciones, podemos actuar sobre los focos de violencia para disminuir los delitos y llevar más tranquilidad a los vecinos".
Por su parte, la fiscal Benvenuto explicó que se trata de una investigación del equipo de microtráfico de la Fiscalía General que “se inició por denuncias de los propios vecinos que informaron que en este lugar operaba un punto de venta de drogas”.
“Seguimos avanzando en la investigación y logramos dar con las personas involucradas a raíz de los allanamientos para que sean imputadas por los delitos relacionados a la venta de estupefacientes”, detalló.
El derribo de un nuevo punto de venta de estupefacientes en la provincia de Santa Fe se realiza en el marco de las facultades que establece la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023.
La inactivación de puntos de venta de estupefacientes es una de las medidas que integran la ley y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
