El secretario de Seguridad Pública Omar Pereira afirmó que los policías y civiles detenidos este lunes por corrupción se alzaban con una suma estimada en 45 millones de pesos “mensuales o bimensuales” con los desvíos de los fondos destinados a la carga de combustible. “Las cajas negras existen y existieron. No puede considerarse como algo admitido para que sea un sobresueldo”, aseguró. Además, añadió que el interventor Claudio Romano será secundado por Mariano Gobi, que continuará como subjefe de la Unidad Regional II.
“La investigación nació en julio-agosto, cuando entró una denuncia que tomó la Subsecretaría de Control, que depende de este Ministerio de Seguridad, y después se dio a Fiscalía. La investigación nos limitaba a tomar medidas porque el fiscal (José Luis Caterina) seguía reuniendo información”, dijo Pereira en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2).
El funcionario provincial aclaró que Daniel Acosta fue desplazado como jefe de la Unidad Regional II, aunque no aparece entre los sospechados por las maniobras. “Es responsable de lo que hacen sus subordinados”, enfatizó al tiempo que comentó que su subjefe Gobi permanece en el cargo porque no está dentro de los involucrados en la causa.
“Reorganizamos la plana. Si bien el fiscal hizo mención de que la mayoría (de los detenidos) son jerárquicos, el único con jerarquía de mando es el jefe de la Brigada de Orden Urbano. El resto es todo personal responsable de cuestiones logísticas, de carga de combustible. De Agrupación Cuerpos, Comando Radioeléctrico, Motorizada el fiscal ordenó retirar sus celulares, pero no están detenidos ni imputados. Quedan separados de sus cargos a la espera de medidas judiciales”, amplió.
Pereira señaló que en los casos donde hubo aprehensiones de policías con poder de mando fueron reemplazados por sus subjefes.
Con respecto al perjuicio económico causado al Estado provincial a través de las maniobras, expresó: “Los 45 millones (dichos por el fiscal Caterina) eran mensuales o bimensuales. Era muchísimo. Y hay que ver en la investigación desde cuándo. El fiscal tiene celulares y planillas. Queremos ver desde cuándo era la mecánica delictiva”.
A su vez, remarcó que la investigación provincial se centró en una estación de servicio Puma que está en Ovidio Lagos al 3900, cuyos dueños y encargado están dentro de los aprehendidos. “Está cerrada en estos momentos (la estación). Surgirá después si hay otras, pero todo indica que por montos y vehículos, que era puntualmente ahí donde estaba la relación delictiva con la Policía”, finalizó.
