En medio de la tensión política y social que añadió el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional decidió vallar el Congreso y armar un intenso operativo de seguridad. Al ver ese escenario, los manifestantes empezaron a marchar por avenida de Mayo hacia la plaza y hubo incidentes con la Policía pasadas las 16.

Algunos de los jubilados que se concentraron en una primera instancia en el Congreso se unieron a las columnas de sindicatos, agrupaciones políticas y militantes del peronismo que marcharon hacia la sede del Ejecutivo en rechazo del fallo contra Cristina Kirchner.

En Plaza de Mayo, los manifestantes confluyeron con los trabajadores del Hospital Garrahan. Ante la llegada de las numerosas columnas de manifestantes, las fuerzas de seguridad desplegaron también un importante operativo en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, aunque no se registraron incidentes.

A la convocatoria de los trabajadores de la salud del Garrahan, que atraviesan su segundo día de huelga, se sumaron también docentes y estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



En paralelo, seguidores de Cristina se concentraron a las afueras de su vivienda en el barrio de Constitución.

Acompañada de su hijo Máximo Kirchner, la exmandataria volvió a salir al balcón –como ocurrió el martes a la noche– y saludó a los simpatizantes, algunos de los cuales hacen guardia en su puerta, a la espera de su inminente detención. 

Respaldo de rectores

Distintos rectores y vicerrectores de universidades públicas se pronunciaron a favor de la expresidenta Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y advirtieron que esa resolución “afecta a nuestra democracia”.

“El fallo que condena a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner se enmarca en una decisión política que afecta a nuestra democracia”, indicaron los rectores en un comunicado.

Calificaron la condena como “un golpe al corazón del sistema republicano” y plantearon que “es inadmisible una doble vara en virtud de la cual se acelera e interviene cuando se trata de juzgar a los dirigentes de un partido y se demora o no se aplica el mismo criterio cuando se trata del resto de las fuerzas políticas”.

A su vez, manifestaron que la defensa de los intereses de los grupos económicos concentrados “daña la legitimidad de las instituciones de la democracia y la República”.

“La negación a considerar un recurso en el cual se analice o se profundice un caso de estas características, que le asisten por otra parte a todo ciudadano, no es otra cosa que la violación flagrante de las garantías constitucionales”.

También advirtieron que Argentina “hoy es un país menos justo” en donde existe “un contexto en el cual prevalece el vale todo” para “confirmar una narrativa, y se interfiere en el proceso electoral, principio esencial de una sociedad democrática”.

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