La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a ordenar la entrega de correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Se trata de una medida similar a la que había dictado en septiembre del año pasado. El objetivo es acelerar el proceso de embargo que impulsan los fondos Burford y Eton Park, demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF.
El nuevo pedido de información confidencial incluye a Sergio Massa, Santiago y Luis Caputo, como así también a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales.
Los fondos buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado argentino, lo que supone que no tienen independencia operativa y legal y que actúan como una extensión estatal.
Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses.
El proceso judicial, conocido como discovery, involucró desde el año pasado negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En aquel entonces, Burford y Eton Park habían presentado una lista con 27 nombres, que el Gobierno intentó reducir en una contrapropuesta. Finalmente, la jueza Preska definió quiénes deben entregar su información en el marco de un litigio en el que los beneficiarios buscan embargar activos soberanos.
Entre los funcionarios alcanzados por la orden judicial se encuentran el actual ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor, Sergio Massa; el asesor presidencial Santiago Caputo; el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas Guillermo Michel, y el exsecretario de Política Económica Gabriel Rubinstein.
El Gobierno argentino rechazó el pedido, lo calificó como “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de la negociación con esta solicitud.
Sin embargo, Burford y Eton Park presentaron argumentos detallados sobre el rol de cada funcionario. En el caso de los Caputo, sostienen que el actual ministro de Economía “gestiona los intereses de la República en YPF”. Y respecto de Santiago Caputo, afirman que es uno de los colaboradores más cercanos al presidente y que “administra el presupuesto de publicidad de YPF a través de Guillermo Garat”, actual vicepresidente de Asuntos Corporativos, Marketing y Comunicaciones de la petrolera.
La jueza Preska también fijó una nueva audiencia para seguir con este tema para el próximo miércoles 6 de agosto.
La defensa argentina se había comprometido este lunes a entregar información relacionada con la privatización de empresas estatales a los beneficiarios del fallo YPF, como parte del proceso de discovery de activos que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia.
