La audiencia judicial por la caja negra policial destinada a la carga de combustible de patrulleros se llevará a cabo este martes desde las 8, y se presume que por varias horas, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. En la causa, que motivó la semana pasada la intervención de la Unidad Regional II, serán acusados 13 uniformados y 4 civiles por malversación de fondos.
Según la información disponible en la Oficina de Gestión Judicial, la audiencia estará a cargo del juez penal de primera instancia Gustavo Pérez Urrechu y podría extenderse hasta entrada la tarde.
Los acusados
Por determinación del fiscal José Luis Caterina, quienes serán acusados son los agentes Francisco C., Nancy P., Juan Alberto V., Gustavo B., Gerardo R., Juan Pablo O., Sergio Darío L., Fabián F., Jorge D., Fernando C., Mario B., Javier A. y Rodrigo D. En tanto, los civiles son Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R., todos vinculados a la estación de servicio Puma situada en Ovidio Lagos al 3900.
El pasado viernes, el fiscal dispuso la libertad de dos agentes del Comando Radioeléctrico y una policía de Taller Tarragona, ya que la investigación pudo establecer que no habían tenido participación en maniobras bajo sospecha y se contempló que su excarcelación no representaba un posible entorpecimiento al avance de la causa.
La investigación que derivó en escándalo
La investigación se inició hace diez meses, de acuerdo a los datos brindados en la conferencia de prensa que dieron el lunes de la semana anterior el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal Caterina, donde se anunció la intervención de la Unidad Regional II luego de explicar que el legajo comenzó a partir de una denuncia tomada desde la Subsecretaría de Control de la cartera de Justicia y Seguridad provincial.
Caterina habló de una malversación de caudales públicos de “mucha consideración”, estimada en 45 millones de pesos sustraídos al Estado, sobre un total de 380 millones asignados mensualmente al patrullaje. Sobre la naturaleza de la maniobra, indicó que "hay personas a las que se les han secuestrado en su domicilio alrededor de 300 «Visa Flota», que son las tarjetas que tendría que tener cada chofer de móvil".
La investigación, dijo, "gira fundamentalmente en torno a una sobrefacturación de combustible". En ese sentido, agregó que en vez de estar cada chofer con su tarjeta, se articuló "una sobrefacturación en connivencia con una estación de servicios, y el personal encargado de esa tarea reunió, concentró todas las «Visa Flota»".
Por último, el fiscal remarcó que “hay una persona que fue detenida con un posnet de la propia estación de servicio en su domicilio”. Sostuvo que hubo intervenciones telefónicas que revelaron cómo desde la estación de servicio se preparaba dinero en efectivo para entregar a los policías involucrados. También se autorizaron instalaciones de GPS en móviles policiales y otras medidas de inteligencia que permitieron documentar la maniobra.
Intervención de la UR II
Tras destaparse el escándalo, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por tres meses la Unidad Regional II de la Policía. El interventor es el director general Claudio Romano, recientemente reincorporado tras su retiro, a cargo de una auditoría general “con énfasis en el área de movilidad y en los controles de carga de combustible”.
El ministro Pablo Cococcioni aclaró que no fueron aprehendidos ni el ahora ex jefe de la UR II, Daniel Acosta, ni su segundo, Mariano Govi, si bien fueron separados de sus cargos. “Quedaron desplazados por efecto mismo de esta intervención”, dijo sobre ambos.
