Por la fiesta electrónica llevada a cabo en la noche del 31 de diciembre de 2016 en el complejo Punta Stage de Arroyo Seco, donde luego fallecieron dos personas por consumo de estupefacientes, este miércoles fue condenado Alan Van Brook, uno de los empresarios que organizaron el evento. El resto de los acusados, entre ellos el exintendente de esa localidad Nizar Esper, resultó absuelto.
Por decisión del Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario, Van Brook recibió la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva por haber facilitado el complejo para la venta de estupefacientes. Producto de la ingesta de drogas sintéticas, según la causa, murieron dos de los asistentes, Giuliana Maldovan (20) y Lucas Liveratore (34).
Además, los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez Ferrero y Eduardo Rodrígues Da Cruz absolvieron a Gino Piazzese Scaglia –socio de Van Brook en la firma Live Art Producciones, con la que organizaban los eventos–, Germán Pablo Dalinger –responsable del lugar en el que se hizo la fiesta– y Nizar Esper, intendente de Arroyo Seco entre 2015 y 2023.
�� En los Tribunales Federales de Rosario finaliza el juicio oral por la tragedia del 31 de diciembre de 2016 en Punta Stage, Arroyo Seco.
— De12a14 (@De12a14) June 18, 2025
➡ Cuatro personas fueron juzgadas por facilitar el lugar para la venta y consumo de drogas, además de incumplimiento de deberes de… pic.twitter.com/QsRh3kgFkh
En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), el fiscal Federico Reynares Solari expresó: “Pedimos condenas para los cuatro, pero el balance es positivo. Lo que dijo el tribunal es que hubo facilitamiento para la venta de estupefacientes en ese predio. (Van Brook) Tenía una conversación con una persona que en otra causa, años después, fue condenada por venta de drogas sintéticas, donde la invitaba a ir a esa fiesta para comercializar”.
Por este legajo, Esteban Gómez, encargado operativo del complejo, aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Según el Ministerio Público Fiscal, con el avance de la investigación, “se logró determinar la existencia de diferentes irregularidades producidas durante el desarrollo del evento, relativas a la organización, autorizaciones municipales y la observancia de la comisión de presuntos hechos relacionados con la Ley 23.737”, que reprime el narcotráfico.
Los testimonios ponderados por la Fiscalía resaltaron diferentes problemas relacionados a controles de ingreso permeables, con revisiones parciales, imposibilidad de comprar agua mineral en las barras, existencia de un único puesto de hidratación en todo el predio, falta de ventiladores, excesiva cantidad de gente, un sólo centro sanitario, personal de seguridad escaso y falta de agua en el interior de los baños.