El Ministerio de Trabajo de Santa Fe informó este mediodía que la intervención judicial de Vicentín acordó con 8 empresas la recepción de los granos que le envíen para reactivar las operaciones de la planta de San Lorenzo.
En concreto, más de 500 mil toneladas de soja comenzarán a ingresar mensualmente a partir de los próximos días de las Viterra, Bunge, ACA, Molinos Agro, Unión Agrícola Avellaneda, Cargill, Dreyfus y el grupo Grassi. Los contratos son por 6 meses, bajo la modalidad a fasón. Del total ofrecido, se van a moler mensualmente entre 350 mil y 380 mil toneladas. Además, hay 250 mil toneladas comprometidas para la planta de Ricardone, que es un nivel de abastecimiento importante. La medida genera mucho alivio en los cerca de mil empleados de la empresa, que vienen cobrando el sueldo en cuotas y temían por la continuidad de sus empleos y así lo expresó el Sindicato Aceitero de San Lorenzo.
La intervención judicial -que corrió a todos los ejecutivos de Vicentín del control de la agroexportadora- generó las condiciones de seguridad jurídica para que aparezcan empresas interesadas en contratar los servicios de industrialización y adelantar el pago de los contratos, que permite mantener las plantas del grupo funcionando mientras que la Cámara de Apelaciones de Rafaela activa el cram down, instancia de salvataje que evitaría la quiebra.
Además, con la intervención judicial, las empresas del sector -tanto las que no estaban antes en el proceso, como Cargill- y la las que ya estaban -ACA, Bunge y Viterra- recuperaron la confianza en el proceso concursal, dejaron de lado diferencias y, además del negocio que se les presenta (precio muy competitivo para fasonerar) quedó en evidencia que el sector de la agroexporatdoras tomó conciencia de la conveniencia de no dejar caer la unidad productiva y, sobre todo que la empresa no transite el cram down en plena convulsión sino en paz social y operando. Por eso la actitud en bloque de las cerealeras.
¿Y por qué no había seguridad jurídica con la conducción de la empresa? Y es que, según investigó Fiscalía, los directores más complicados por las investigaciones por estafa sacaron unos $6.000 millones de pesos de la caja de la empresa para gastos personales y también usaron $2.000 millones para otorgarse acuerdos de desvinculación.
Es más, esa semana la intervención judicial descubrió que accionistas y familiares de Vicentin cobraban abultados sueldos sin trabajar. Así lo denunciaron en un informe de los interventores presentado al juez del concurso, y difundido hoy, que los califica directamente de "ñoquis".
Cuando a fines de febrero se le vencieron los contratos de fasón que tenían con Bunge, ACA y Viterra, el directorio de Vicentín presionó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe amenazando con cerrar las plantas (cosa que luego hizo) argumentando que no había interesados en enviarles granos para procesar y embarcar por la decisión de no homologarle la propuesta (que activaba la venta a esas tres firmas).
Precisamente, la falta de mercadería para industrializar que sufre Vicentin desde marzo llevó a que se pararan las plantas y se incumpla con el pago de salarios en tiempo y forma. En los últimos días, aparecieron propuestas de contratos de fasón para molienda en las plantas de Ricardone y Avellaneda, pero no aparecían ofertas para la aceitera de San Lorenzo.
Pero con las 8 presentaciones de oferta quedó expuesto que el problema no era que no había granos en el mercado para hacer fasones o que la única salida era la ofrecida por Vicentín, sino que lo que pasaba era que Vicentín no tenían buena política comercial y tampoco generaba confianza (financiera) para que les lleven mercadería, y por eso fue clave la decisión de la Justicia de intervenir la empresa.
Salario, prioridad
En tanto, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) valora avances en la reactivación de Vicentin y exige que el salario siga siendo prioridad. "En el marco de las gestiones realizadas por la intervención judicial y con participación activa de esta organización, se han dado pasos concretos que permiten recuperar previsibilidad y sostener los puestos laborales en la empresa Vicentin", dijo el gremio en un comunicado.
Los interventores judiciales Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg informaron que este miércoles se concretó el pago del 20% del salario adeudado de marzo, y se comprometieron a informar el próximo lunes la fecha de pago de un 30% o 40% correspondiente al salario de abril, utilizando fondos propios de la intervención.
“Tenemos la expectativa puesta en que se efectúe dentro de la misma semana y a las empresas que se sumaron con la propuesta se les pidió que completen el pago del salario de los trabajadores”, aclaró el secretario general, Daniel Succi. “No es casualidad. Es el trabajo silencioso que se viene realizando desde este sindicato y la voluntad de los involucrados por ordenar la empresa y garantizar la continuidad laboral”.
“Destacamos la tarea de los interventores que, al parecer, quieren hacer las cosas bien. Esperamos que sigan por este camino, donde los trabajadores sean una de las prioridades innegociables”, agregó. “Los trabajadores no pueden especular con su salario. Se come o no se come. Que lo tengan presente a la hora de acompañar este proceso: ellos podrán tener ganancias, pero nosotros necesitamos cobrar nuestros sueldos”, completó.
