El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de San Martín resolvió suspender de forma provisoria el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dispuesto por el Gobierno nacional a través del Decreto 480/2025. La medida cautelar causó reacción en el oficialismo que insistió en la necesidad de ahorrar y volvió a denunciar superposición de funciones y corrupción en el organismo.
En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), el subsecretario de Reformas Estructurales de la Nación, Alejandro Cacace, se opuso a la medida judicial y reivindicó tanto la forma como el fondo de la decisión del Gobierno de disolver el organismo.
“Estoy en contra de eso porque está muy claro que el Ejecutivo usó las facultades que tenía por la Ley Bases para aplicar la medida, ya que dentro de la mencionada ley, está contemplada la disolución de los organismos y la modificación de las competencias de los organismos del Estado. Es evidente que el caso de Vialidad queda encuadrado en eso”, afirmó.
Explicó que en todo el sistema de transporte existía una “superposición muy fuerte de funciones entre Vialidad, la Agencia de Seguridad Vial, otra comisión referida a asuntos viales y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte”. Y defendió la decisión del Gobierno de pasar “de un sistema que funcionaba muy mal y con mucha corrupción”.
El funcionario señaló que se trata de un organismo que tiene más de cinco mil empleados, de los cuales mil están en la central y cuatro mil están repartidos en los veinticuatro distritos viales, pero dos tercios de los empleados son administrativos y sólo un tercio presta funciones directamente en el territorio: “Cada tres agentes hay un cargo y era urgente reformular eso para producir un ahorro. La disolución de ese solo organismo produce un ahorro de cien millones de dólares, dentro de un ahorro mucho más profundo de dos mil millones de dólares que se logró con los sesenta y cinco decretos delegados y las distintas reformas en las áreas del Estado”.
Además, reafirmó que hay una decisión de pasar de este modelo “que genera tantos empleados y tanto gasto a otro consistente en licitar para que el sector privado tome las concesiones de las obras. Por eso se anunció la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, en el que el Estado debe hacer el control. Esa tarea de veedor del proceso requiere muchísimos menos empleados”.
La medida cautelar
Al analizar la medida cautelar que dejó en suspenso provisoriamente el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, Cacace dijo que se está obviando que el Congreso le dio al Ejecutivo la facultad de llevar adelante esa medida. Por lo tanto, es el Congreso el que debe evaluar el decreto y están los mecanismos de control a ese efecto. “Tampoco se tiene en cuenta que el propio decreto dice que nadie pierde su trabajo ni su salario mientras se realice la reorganización. Entonces, se trata de un proceso necesario que el Gobierno estaba habilitado a realizar”.
Precisó que a partir de esta medida judicial, el Estado apelará, y luego tendrá que haber una decisión sobre el fondo. “Lo que veo en este y otros casos, es que las medidas judiciales se toman muy livianamente. La idea de las medidas cautelares es que se otorguen si hay un peligro irreversible, pero acá no se está echando a nadie”, aseguró.
La falta de mantenimiento de las rutas nacionales
El subsecretario explicó que hay distintas situaciones en las rutas nacionales. “Tengamos en cuenta que la red de caminos nacionales es la más pequeña. La mayoría de los caminos están en jurisdicción de las provincias. Dentro de lo que es nacional, en algunos casos se hicieron convenios con las provincias para que se hagan cargo de su mantenimiento y repavimentación y también se dispuso la licitación, reitero, de 9.120 kilómetros de rutas, con lo cual habrá una toma importante por parte del sector privado para trabajos de mantenimiento y reparación. No va a haber discontinuidad en el mantenimiento, a causa de la disolución de Vialidad. Hay que aclarar que los organismos no se disuelven hasta que haya una reestructuración de sus tareas y de su personal y además, la propia secretaría de Transporte va a seguir haciendo las tareas que realizaba Vialidad”, garantizó.
En relación con corredores centrales como las rutas 11, 33, 34 A012 y la Circunvalación de Rosario, entre otras, que presentan un evidente estado de falta de mantenimiento, Cacace respondió: “Apuesto a que la mayoría de esas obras están incluidas dentro de los 9.120 kilómetros que se van a licitar. En los casos que tomen los privados (porque hay rutas que tienen rentabilidad en cuanto al tránsito que concentran) lo más lógico es que la remuneración se resuelva por la vía del peaje. Hay otros caminos en los que esa ecuación no se da y se decidirá mantenerlos a cargo del Estado”, detalló.
La situación de Santa Fe
El funcionario señaló que con la provincia de Santa Fe “no hay ninguna situación especial”. Mencionó que se han hecho acuerdos con provincias de distintos signos políticos y puso como ejemplo a Mendoza que tiene una administración radical con Alfredo Cornejo (al igual que con Maximiliano Pullaro en Santa Fe) y que el gobernador tomó a su cargo el mantenimiento de las rutas provinciales de Mendoza. También Chubut, gobernada por el PRO, tiene convenios en ese sentido y descuenta las obras de las deudas que tiene con la Nación. Es decir, que “son cosas posibles de hacer a través del diálogo con el Ministerio de Economía”.
En relación con la posibilidad de pedir la extensión de las facultades extraordinarias con que contaba el Gobierno, que venció el 8 de julio, Cacace fue categórico: “No, porque desde el comienzo (julio de 2024) nos mentalizamos con que ese era el tiempo en el que había que hacerlo”.
Sin embargo, aclaró que quedan muchas más reformas por hacer, pero lo que se podía hacer por facultades delegadas, se hizo. “Mucho hicimos con estos 65 decretos. El resto quedará para realizarlo mediante el Congreso, enviando los proyectos de ley respectivos. La motosierra sigue –sostuvo–, el presidente nos dijo que apenas empezamos con el trabajo”, concluyó.
