En medio de versiones sobre una posible venta, Lácteos Verónica atraviesa su momento más delicado. Si bien trascendió que la firma estaría en conversaciones con un grupo inversor extranjero, desde la conducción niegan cualquier negociación activa para vender la compañía. Aseguran que el foco actual está en el plan de reestructuración laboral elevado ante la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar un colapso operativo.
En paralelo, fuentes del sector detallan que se profundizan las internas dentro del grupo empresario. Según estas versiones, algunos de los 16 accionistas buscarían quedarse con el control reduciendo artificialmente el valor de la compañía. El conflicto también golpea a los más de 700 trabajadores que aún no cobraron el salario de junio ni el medio aguinaldo, y que esta semana apenas terminaron de percibir los haberes de mayo.
Qué pide la empresa
Pese al rechazo del gremio y la falta de aval por parte del Ministerio de Trabajo, Lácteos Verónica ratificó su voluntad de avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Según el acta de la última audiencia, la firma propuso un plan de reestructuración que incluye medidas drásticas, con impacto directo sobre más de 200 empleados.
En concreto, la empresa plantea la desvinculación de 210 trabajadores bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica el pago de indemnizaciones reducidas al 50%. A eso se suma un esquema de suspensiones por 60 días para el 30% del plantel, la implementación de una jornada laboral reducida y modificación de turnos durante 120 días, y el pago parcial del salario (75%) como suma no remunerativa, encuadrado en el artículo 223 bis de la normativa laboral vigente.
Además, Verónica solicita la posibilidad de desdoblar el pago de haberes en cuotas, incluso después de la fecha de vencimiento, y propone dejar en suspenso la aplicación del convenio colectivo de trabajo 2/88, junto con los aumentos salariales paritarios, por un período de doce meses desde la eventual homologación del acuerdo.
Desde el gremio Atilra rechazaron en bloque todas estas medidas, por considerarlas “inadmisibles y carentes de respaldo técnico” y advirtieron que, en su opinión, “no se ha demostrado objetivamente una crisis que justifique semejante recorte de derechos laborales”. Trabajo, por su parte, pidió más pruebas contables y no fijó una nueva audiencia, por lo que el proceso quedó en un compás de espera.
Cheques rechazados y sospechas
En lo financiero, Verónica arrastra una deuda millonaria. Según datos del Banco Central, en lo que va del año la empresa acumuló 2.241 cheques rechazados por más de $6.700 millones, de los cuales solo abonó el 12%, por lo que actualmente su pasivo asciende a más de $5.900 millones.
El deterioro productivo también es grave. La firma pasó de procesar más de 800.000 litros diarios de leche a menos de 200.000, abastecida únicamente con tambos propios tras perder proveedores.
Mientras tanto, crecen las denuncias de vaciamiento. Legisladores nacionales presentaron un proyecto de resolución en apoyo a los trabajadores y reclaman la intervención urgente del Ministerio de Trabajo. Además, informes gremiales y técnicos apuntan a una presunta triangulación entre Verónica y Las Becerras S.A., otra empresa vinculada a la familia Espiñeira, a través de transferencias de activos, maquinaria y personal, lo que refuerza las sospechas de una “crisis inducida”.
Lo cierto es que no es la primera vez que la firma recurre a un PPC. En 2019 inició un proceso similar, que no fue aprobado oficialmente, pero derivó en un ajuste silencioso, según denuncian los empleados.
En este marco, por ahora la situación sigue abierta. El Ministerio de Trabajo no avaló por el momento el plan de crisis, pero la empresa insiste en que llevará más documentación para justificarlo. En tanto, la conflictividad crece, la producción se paraliza y cientos de familias quedan atrapadas en un limbo económico y laboral.
