Con más de 150 proyectos ingresados al sitio web de la Convención Constituyente de Santa Fe hasta este miércoles, la ciudadanía se sumó a proponer reformas a los artículos existentes en la provincia o crear derechos. Esta etapa, vigente hasta el domingo 27 de julio, aporta visiones múltiples al debate político y legal: desde pensar a los cursos de agua o la naturaleza como “sujetos de derecho” a reconocer la preexistencia de los pueblos originarios, o garantizar el acceso y el derecho a la información en la ley superior.
Los textos elevados por organizaciones para su análisis difieren de las propuestas de los partidos políticos con convencionales en el cuerpo. No es una cuestión de formas: esos nuevos principios y normas, o las modificaciones, prefiguran cambios en la vida de los santafesinos para las décadas que seguirán después de esta carta magna 2025.
Las implicancias de reconocer a las comunidades preexistentes o regular los discursos de odio en medios digitales y las distintas formas de presión y censura son apenas dos grandes temas que no formaban parte de la agenda central del proceso pero que reclaman su espacio en ese debate. ¿De qué se tratan esos proyectos y qué alcances tienen?
Pueblos preexistentes: qué significa
Las comunidades indígenas de la provincia agruparon sus demandas en tres puntos dentro de un nuevo capítulo para la Constitución.
“La provincia reconoce en todo su territorio la preexistencia y la persistencia étnica y cultural de sus comunidades ancestrales, migrantes o campesinas”, señala el primer punto e incluye a “pueblos originarios, indígenas o afroargentinos aunque no vivan en comunidades”.
El segundo artículo propone pensar a “la naturaleza y sus ecosistemas como sujeto de derechos con la consecuente protección de los intereses difusos para actuar jurídicamente en su representación”.
El tercer eje persigue el objetivo de lograr la “integración pluricultural y plurinacional” de Santa Fe y asumir “la histórica influencia de una brecha cultural que imposibilita el ejercicio pleno de los derechos”.
Para eso, pide a la Legislatura sancionar leyes de acción positivas para asegurar “la participación y representación política efectivas”.
Además, establece una corrección que los dirigentes originarios reclaman hace años: “los rediseños y usos de los símbolos, banderas y emblemas culturales provinciales”, como por ejemplo el escudo santafesino, entre otras reivindicaciones.
La “perspectiva intercultural e interjurídica” contempla a los pueblos Mocoit la'qaatqa, Qom, Corundá, Kolla-Aymara, Diaguita-Calchaquí, Diaguita-Cacano, Mapuche, Chaná, Abipón, Tonokoté, Sanavirón, Guaraní, Querandí y Charrúa, entre otros.
Diferencias profundas dentro del oficialismo
La amplitud de ese texto presentado el jueves 17 difiere de los artículos incluidos en algunos proyectos de reforma de los partidos tradicionales. Daniel Naporichi, uno de los referentes qom locales que participó de la redacción, afirmó a Rosario3 que defenderán su propuesta porque el planteo oficial de la UCR (el partido del gobernador Maximiliano Pullaro) es mucho más limitado.
“Lo vamos a pelear al proyecto. No se puede construir un nuevo Estado de derecho en un cajón cerrado”, afirmó.
El nuevo artículo 58° que proponen los radicales es: “La provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas y se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos, en especial respecto de: mujeres y disidencias, personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, pueblos originarios, juventudes, personas en situación de pobreza e indigencia y otros”.
Dentro del frente Unidos, hay distintas posiciones. Mientras que la iniciativa elevada por el PRO ni siquiera hace referencia a las comunidades preexistentes, la del socialismo es más específica y progresista que la radical. No habla del concepto genérico de “desigualdades estructurales” sino que define de forma explícita “la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios y de sus comunidades”.
“Reconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como de aquellas otras aptas para su desarrollo humano”, dice y “promueve políticas públicas destinadas a preservar sus formas de vida y sus derechos culturales”.
Artículo 11 y acceso a la información
Las organizaciones de la comunicación en Santa Fe presentaron un texto que amplía los contenidos del artículo 11 de la Constitución provincial. Defiende el derecho de todas las personas a recibir, buscar y difundir informaciones, por cualquier medio o dispositivo tecnológico creado o a crearse. La califican como “un derecho humano y un bien social”.
La redacción colectiva entiende la necesidad de asegurar los principios de pluralismo, diversidad y respeto a las culturas, las creencias y las distintas corrientes de pensamiento y de opinión.
La norma postula el ejercicio de la libertad de expresión “sin autorizaciones, ni censura previa, ni medidas restrictivas directas o indirectas”. Incluye el derecho de rectificación gratuita si una persona se ve perjudicada. “El Estado Santafesino debe asegurar la conectividad en todo su territorio”, agrega.
Además, suma un punto que durante 20 años el Senado de la provincia se negó a aprobar y ahora le daría rango constitucional: el de acceso gratuito e irrestricto a la información pública. El texto remarca una condición que no cumple la ley actual (y parcial) sancionada en 2024: que todos los habitantes de la provincia tienen ese derecho sin tener que explicar motivos.
El Estado Provincial garantiza la existencia de medios públicos, privados sin fines de lucro, privados comerciales y comunitarios. También incluye el secreto de las fuentes de información periodísticas que alcanza a los apuntes, archivos profesionales y personales de los trabajadoros de prensa.
Un párrafo se destina a un fenómeno relativamente nuevo: las fakes news y los discursos de odio. “Está prohibida toda apología del odio nacional, racial, religioso o por cuestiones de género que constituya la incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. Las campañas de desinformación pública realizadas mediante la difusión masiva de información falsa utilizando cualquier dispositivo tecnológico existente o por descubrir afectan el normal funcionamiento de la democracia”, señala.
El nuevo artículo 11 destaca el rol del Estado provincial como garante de un mapa mediático equilibrado, incluyendo la distribución de la publicidad oficial de forma equitativa y transparente. Ver acá texto completo elaborado por el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), la Asociación de Prensa de Santa Fe, la Escuela de Comunicación Social de la UNR, el Iset N°18, el Instituto de Periodismo Rosario y la red Farco.
Aunque los doce párrafos presentados por las organizaciones de la comunicación ante la Convención el 16 de julio pasado son más amplios que los proyectos de los partidos tradicionales conocidos, tanto la UCR, el PS como el PRO también incluyen reformas a ese artículo 11. Los textos de radicales y amarillos son similares, salvo por la violencia online o en medios digitales. La UCR plantea la “sanción de la violencia en línea como forma de deterioro del debate público democrático” y el PRO como “la violencia por medios digitales”. Los socialistas van más lejos: “La libertad de prensa y comunicación, y la libertad de información a través de los medios y redes digitales, constituyen un bien social que ésta Constitución protege y garantiza”. Ese texto también exige a los medios de comunicación “proteger el bienestar general y promover información plural y libre de toda forma de discriminación, violencia simbólica, sexismo, racismo, xenofobia o discursos de odio”. Define una protección a “medios comunitarios y medios públicos con alcance en todo el territorio provincial”. En el borrador del PS se agrega un artículo nuevo (aparte del 11) que asegura la protección de los datos personales y la intimidad, reconoce “el derecho al olvido digital” y garantiza el acceso “a la información pública sin necesidad de acreditar interés legítimo”, entre otros. El análisis de estas propuestas estará a cargo de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, que tiene un doble desafío desde el próximo lunes. Por un lado, los convencionales deben tomar nota de la multiplicidad de visiones y demandas y, sobre todo, de incorporar esas miradas al texto de la nueva Constitución provincial para que no se trate solo de una apertura de forma sino de fondo. Que este proceso no quede reducido a los intereses de un sector, sino que definan un claro paso adelante para la mayoría de la sociedad.Matices y desafíos
