Luego de una nueva jornada de audiencia en la investigación por sobrefacturación de combustible y facturaciones fantasmas con patrulleros, el juez Gustavo Pérez Urrechu decidirá este jueves a la mañana qué medidas cautelares ordenará para los 13 policías y 4 civiles imputados por el fiscal José Luis Caterina.
La definición sobre si los 17 acusados irán o no a prisión preventiva mientras sigue la investigación se esperaba para este miércoles a la noche. Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó sobre el final de la jornada que este jueves retomará la audiencia iniciada el martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
La imputativa se retomó este miércoles entre las 14 y las 20 con los planteos y réplicas de las defensas de los acusados. Este jueves a las 8 la audiencia se retomará con el tratamiento de las medidas cautelares por parte de defensas y réplicas de Fiscalía, indicó el MPA.
El fiscal explicó en la jornada de apertura que las maniobras que investiga se hicieron de dos maneras: una mediante sobrefacturación, y otra a través de cargas ficticias de combustible, nunca realizadas. Se cree que el perjuicio económico mensual de los últimos diez meses fue de al menos 45 millones de pesos.
Para concretar las maniobras, el fiscal explicó que los agentes involucrados concentraron las tarjetas de débito denominadas “visa flota” –que en realidad debían estar a disposición de cada móvil o chofer para el momento de la carga– y realizaron una facturación por encima del combustible entregado, o una carga fantasma, es decir, sin entrega de la nafta.
Según el legajo, los policías mentían en las rendiciones de cuenta, tanto en las planillas elevadas como en los tickets rendidos. En tanto, los responsables de la estación de servicio que funcionaba bajo la firma “Gas Auto Tiferno S. A.” fueron considerados “una pieza fundamental” en el desvío de recursos.
A modo de ejemplo, desde Asuntos Internos se relevó que 85 móviles policiales figuraban fuera de servicio en julio de 2024, sin embargo, aparecen realizando cargas de combustible, de acuerdo a un informe que data de agosto del año pasado. Otro caso fue el del patrullero Fiat Cronos N° 10.770 del Comando Radioeléctrico que consumió 730 litros, cuando su recorrido hecho marcaba que debió haber demandado 560 litros.
Por trabajos coordinados con la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad también se pudo constatar que dos camionetas Ford Ranger que estaban en la División Logística estaban en un depósito, en desuso, y sin GPS, cuando debían tenerlo colocado. Por ese motivo, se les puso un aparato de georreferencia el 30 de octubre del año pasado. A partir de eso, se constató que esos móviles no se movieron fuera de las instalaciones de la Unidad Regional II hasta el 21 de noviembre, y que tuvo días en los que directamente no fueron encendidos. No obstante, aparecen cargando combustible en la Puma entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre. Para ilustrar la maniobra, el fiscal indicó que una de esas Ranger, sin haber consumido un litro de combustible, gastó falsamente 252.500 pesos.
Caterina no solo exhibió la información que dieron los GPS colocados en el derrotero de la causa. También leyó intervenciones telefónicas de algunos involucrados y mostró fotos de algunos de los policías imputados en la Puma, donde iban a principios y mediados de cada mes a las oficinas de “Gas Auto Tiferno” a retirar el dinero en efectivo en cajas.
Los imputados
Los altos mandos sospechados son el comisario Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Fabián Ramírez, jefe de Garage y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Rodrigo Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería. A su vez, fueron acusados Javier Norberto Arce –subinspector del Cuerpo Guardia de Infantería–, Fernando Miguel Ceballos –subinspector del Grupo Táctico Multipropósito–, Jorge Santiago Delgado –subinspector de la División Logística–, Sergio Darío López –subinspector en funciones en el Comando Radioeléctrico–, Gustavo Adrián Bazán –División Logística–, Juan Alberto Villordo –inspector de la brigada motorizada–, Nancy Plomer –empleada de la División Personal– y Franco Cuesta –inspector de la Policía de Investigaciones–. Los civiles imputados fueron Daniel Alberto Reynoso, María Fernanda De Franco, Mónica Juana Bianconi y Oscar Artemio Coullery, todos relacionados con el manejo de la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900 –ubicada cerca de la Jefatura de la Policía, en la zona sudoeste de Rosario–, donde según la causa se “concentraron” la mayoría de las operaciones. La Fiscalía pide que queden presos 16 de los 17 sospechosos, con la excepción de una empleada administrativa de la estación de servicio Puma.
