La intervención judicial de Vicentin, que corrió al directorio tras comprobar que habían usado $6.000M de la caja empresaria para gastos personales, sigue arrojando luz sobre las razones por las que la se empantanaba el salvataje judicial. Y son razones que se cuentan en millones de dólares en honorarios.
En efecto, los interventores publicaron todos los contratos realizados por la empresa y ahí se destaca que los directores independientes de Buenos Aires que contrataron tras el retiro (formal) del directorio que estaba al frente al momento del default -Estanislao Bougain y Diego Guelar- le costaba en honorarios unos 15 mil dólares al mes, a una firma que en febrero decía que no tenía plata para pagar los salarios tras haberse finalizado los contratos de fasones con Bunge, ACA y Viterra, que la venían sosteniendo porque esperaban repartirse sus activos con la homologación de la propuesta concursal presentada por Vicentin, que finalmente la Corte Suprema rechazó por inconstitucional.
“En el convenio de contratación de los servicios de Bougain surge que tiene establecido exorbitantes honorarios (0.8% del pasivo final reestructurado, entendiendo como base de cálculo el pasivo final que resulte de los términos del acuerdo homologado, comprensivo de créditos quirografarios y privilegiados; lo que sería equivalente a más de U$S12.000.000!!!), que solo percibiría si se homologara la propuesta concursal que la Corte de Santa Fe ya dejó sin efecto”.
Así lo advierten los querellantes en la causa penal por estafa contra el directorio de Vicentin en un escrito que presentaron esta semana para rechazar el pedido de los directivos corridos, como Bougain, de que la Cámara de Apelaciones de Reconquista deje sin efecto la intervención.
En efecto, Lautaro Dentone y Facundo Ruilopez, en representación de BLD S.A., SERVIGRAIN S.A, AFA (Agricultores Federados Argentinos Soc. Coop. Ltda), BLD AGRO S.A., MURATURE ONCATIVO S.R.L, ROAGRO NEGOCIOS S.A y AGROFIDI COMERCIAL S.R.L, Juan Pedro Saggiorato, en representación de Ariel Striglio, Jaime Mariano Pujol y Guillermo Mionnet en representación de Merlo y Manavella SA y Viviana Cosentino en representación de Commodities SA, todos ellos en carácter de víctimas, presentaron un escrito al tribunal con los argumentos para oponerse al pedido de los tres directivos corridos de retomar el control de la firma.
El núcleo del argumento para rechazar la apelación que planetan es que se tome en cuenta lo que ocurrió en sede penal, que derivó en la intervención en sede comercial.
“Allí se dispuso la prisión preventiva de cuatro de los ex directivos de Vicentin (Alberto Macua, Daniel Buyatti, Roberto Gazze y Omar Scarel) y distintas medidas alternativas para el resto de los imputados los imputados, dispuestas por el Colegio de Jueces Penales de Rosario el 29/03/2025. También se dispuso el apartamiento de la dirección de Bougain, Foschiatti y Sartor que se dispuso en la resolución recurrida, luego de ser solicitado por los trabajadores y varios de los acreedores en las distintas audiencias que se celebraron en esta sede, sucedió luego de que la fiscalía de delitos económicos de Rosario, los imputara por considerarlos responsables de haber realizado una serie de actos que entendía constituían la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la concursada, por lo que los fiscales consideraron que existía una actual peligrosidad procesal que hacía necesario el dictado de distintas medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. De estos delitos es claro que no es Vicentin la única perjudicada, sino que también lo son los acreedores y los trabajadores que dependen de ésta, al verse afectado el patrimonio societario”, señalan los querellantes.
Es por eso que sostienen que el concurso de acreedores no puede abstraerse de lo que está ocurriendo en sede penal al momento de decidir si vuelve o no a reinstalar en sus funciones a aquellas personas que están siendo investigadas por delitos tan graves como la administración fraudulenta del patrimonio que se suponían debían preservar hasta tanto se resolviera la situación procesal de la concursada.
“Menos aún al encontrarse acreditado que fue solo cuando aquellos fueron removidos de la dirección que comenzaron a aparecer interesados en realizar fasones para garantizar la continuidad de la empresa y preservar las fuentes de trabajo, quedando en evidencia que no era cierta la supuesta falta de granos alegada por los directivos que hoy pretenden volver, como tampoco era esencial la participación de quienes se encuentran hoy detenidos para que el giro comercial pudiera continuar con normalidad, como falsamente se sostuvo en la audiencia de prisión preventiva”, dice el escrito presentado ante la Justicia.
“En el caso de Bougain específicamente, llama la atención que intente este remedio luego de afirmar en audiencia pública que, de ser necesario que él diera un paso al costado para que aparecieran los fasones estaba dispuesto a hacerlo. No obstante, corrido por fuera por V.S. (porque en los hechos voluntariamente nunca lo hizo), las ofertas de fasones aparecieron, incluso las de los propios interesados estratégicos que, mientras los directivos desplazados estuvieron en sus cargos, se negaban a seguir entregando fason. Sin embargo, lejos de cumplir con su ya devaluada palabra, el ex directivo insiste con perpetrarse en su cargo, poniendo su interés personal por sobre la continuidad de la empresa, que claramente volvería a estar en riesgo si se reinstala en su cargo a la anterior conducción sobre la que hoy no solo existen dudas de su idoneidad, sino también de su honestidad”, advierten los querellantes.
“Por el contrario, los actuales interventores han demostrado que bastaba un compromiso serio y responsables para que la empresa pudiera generar los recursos necesarios para mantenerse funcionando hasta la resolución del proceso concursal, y que si las cosas se hacen de manera diligente y ajustada a derecho el giro comercial de la empresa no resulta afectado por las demoras y contingencias procesales, como falsamente sostenían los directores que hoy pretenden volver”, insisten
Honorarios extraordinarios
“Otro dato que no puede pasarse por alto en relación con Bougain es el convenio de contratación de sus servicios que recientemente fue acompañado por los interventores, del que surge que tiene establecido exorbitantes honorarios (0.8% del pasivo final reestructurado, entendiendo como base de cálculo el pasivo final que resulte de los términos del acuerdo homologado, comprensivo de créditos quirografarios y privilegiados. Lo que sería equivalente a más de U$S12.000.000!!!), que solo percibiría si se homologara la propuesta concursal que la Corte de Santa Fe ya dejó sin efecto, lo que tornaría incompatible ese interés con las funciones que debería llevar a cabo para mantener en funcionamiento la empresa”, agregan.
“Esta indiscutible incompatibilidad torna inviable la continuidad de Bougain en su cargo, en tanto conforme lo dispuesto por el art. 272, debería abstenerse de intervenir en la deliberación de todos aquellos temas que donde su interés personal fuera contrario al interés de la sociedad que, según el convenio antes mencionado, serían todos aquellos que no impliquen la aprobación de la propuesta concordataria que la Corte Suprema de Santa Fe rechazó”, detallan.
Para los querellantes, “dicha incompatibilidad se acentúa más aún cuando su intervención, que en un principio fue presentada como parte de un “directorio independiente”, tiene pactado como se dijo un convenio de honorarios sumamente abultado para el caso de ser homologado el acuerdo concursal. Es decir, la independencia alegada es absolutamente ficticia porque es evidente que su suerte se encuentra asociada a la de Alberto Macua, Daniel Buyatti, Roberto Gazze y Omar Scarel, en tanto se vería notablemente beneficiado con lo que sería la consumación del plan criminal, es decir, la homologación del acuerdo concursal”.
