¿Deben quienes encabezan el Ministerio Pública de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa tener mandatos paralelos con el del gobernador? La fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson rechazaron este jueves esa posibilidad, en sus presentaciones ante la comisión de Justicia de la Convención que trabaja en la reforma de la Constitución de la provincia.
Ambas funcionarias defendieron en sus presentaciones sus posicionamientos previos para que ambos organismos sean independientes entre sí y de cualquier otro poder. Fue en ese marco que plantearon un cuestionamiento, sin identificarlos, a proyectos que proponen que sus mandatos tengan cuatro años con posibilidad de renovarlos por cuatro más. Es decir, igual que, reforma constitucional mediante, tendrán quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo.
La iniciativa que impulsa esa fórmula es la que presentó la UCR. “El Fiscal General y el Defensor General serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea Legislativa, al inicio de su mandato. Duran cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelegidos por un solo período y para acceder al cargo deben cumplir las mismas condiciones que para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia”, dice el texto. Los otros proyectos proponen períodos de cinco o seis años, con el propósito explícito de que sus mandatos no coincidan con el del mismo mandatario provincial que envía sus pliegos para que sean aprobados por la Asamblea Legislativa.
La cuestión no es menor, pues implica una diferencia de criterios sobre cuál debe ser el nivel de independencia y autonomía de estos organismos.
Aunque falta conocer el del PJ, que tiene convencionales que proponen que sigan bajo la órbita del Poder Judicial como el senador Rubén Pirola, el resto de los proyectos contemplan que el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa dejen de estar bajo la órbita de la Corte Suprema en nombre de su autonomía e independencia.
Pero ese ítem del texto que presentó la UCR fue cuestionado tanto por Estrella Robinson como por Vranicich.
“Es un punto que nos pone en alerta”, dijo la titular del MPA. Desde su punto de vista, la coincidencia del mandato del Ejecutivo “va a afectar la autonomía” del organismo a cargo de las investigaciones penales. Su colega de la Defensa se expresó en el mismo sentido: “La independencia se fortalece cuando se reducen las injerencias de los otros poderes del Estado”.
Vranicich remarcó que el diseño de la política de persecución penal es una potestad del MPA, que debe actuar en “coordinación” con el Ejecutivo.
Pero la mirada del partido de Maximiliano Pullaro, expresada por el convencional Lisandro Enrico en una nota periodística, es que “el gobernador también tiene que tener su diseño de política criminal y planificar codo a codo con los fiscales. Es el modelo norteamericano, de Estados Unidos, donde el presidente y los gobernadores plantean: «Esta es mi política de persecución del delito y este es mi fiscal a cargo, y lo propone a la Legislatura»”, le dijo el presidente de la comisión de Justicia de la Convención Constituyente a los periodistas David Narciso y Gabriela Albanesi.
Vranicich defendió además con énfasis la autonomía del MPA con respecto a la Corte. En ese sentido, recordó que la misma ley que creó el organismo en 2009 la defendía para que haya una “separación nítida de los roles” y que esa norma, en sus fundamentos, explicaba que en ese entonces no se le dio al nuevo ente un estatus de “extrapoder” porque para eso se necesitaba una reforma constitucional.
