La grieta siempre está. Y los contenidos que se discuten en la reforma constitucional santafesina también la reflejan. El hecho de que el oficialismo provincial, que tiene mayoría, no esté alineado con ninguno de los dos polos que la protagonizan a nivel nacional, acaso lleve la nueva Constitución a posturas intermedias. Pero lo cierto es que los posicionamientos extremos están y son parte del juego político de la Convención.
Un caso claro de polarización son las dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado que conciben el proyecto de Más para Santa Fe (PJ, Frente Renovadory Ciudad Futura) y el de La Libertad Avanza. El primero lo concibe como garante de derechos, constructor de equidad y proveedor de bienes públicos. El segundo lo imagina reducido a su mínima expresión, despojado de funciones redistributivas, retirado de la economía salvo para crear condiciones para los negocios privados; fiscalmente acotado, con funciones casi exclusivamente enfocadas a la seguridad, el orden público y la garantía jurídica. ¿Estado presente o Estado mínimo?
"Nuestro proyecto refleja la idea de un Estado ocupado en lo que se debe ocupar. Y una idea fuerte de protección al ciudadano de los excesos del poder que se traducen en más impuestos y pérdida de libertades. El principio de subsidiariedad aplicado en toda la actividad estatal", dice sobre el espíritu del texto libertario Nicolás Mayoraz.
"Las constituciones del siglo XXI no pueden limitarse a declarar derechos: deben garantizar su cumplimiento efectivo. Esto significa que cada derecho reconocido en el papel debe traducirse en una realidad concreta en la vida cotidiana de las personas. Cada derecho consagrado en la Constitución implica una obligación concreta del Estado de hacerlo posible", sostiene por su parte la convencional Lucila De Ponti sobre el proyecto de Más para Santa Fe.
Uno de los puntos más explícitos de la divergencia es el tratamiento que cada fuerza propone para las empresas del Estado y la prestación de los servicios públicos.
Privatizar, jamás
El proyecto del PJ, que ya de por sí le daba un rol protagónico al Estado, sumó a último momento un agregado que lo diferencia de todos lo de los otros sectores políticos con presencia en la Convención: bloquea constitucionalmente la posibilidad de que en Santa Fe haya privatizaciones. “Las empresas del Estado Provincial afectadas a la prestación de un servicio público, cualquiera sea su forma jurídica, son intransferibles, inalienables y está prohibida su concesión, gerenciamiento o cualquier otra modalidad de privatización”.
Si la Convención incorporara el artículo a la Carta Magna provincial, solo una reforma constitucional haría posible impulsar privatizaciones como las que el propio peronismo santafesino propuso, en su etapa reutemista, en el Banco Provincial –hoy privado–, Aguas Provinciales –vendida y luego reestatizada– y la Empresa Provincial de Energía (EPE), que finalmente nunca salió de la órbita estatal.
La iniciativa declara nulo “todo acto en contrario”, por considerar que violaría “el principio de soberanía provincial sobre los recursos y servicios esenciales”.
Más aún, el texto no solo defiende la existencia de empresas públicas, sino que enumera cuáles considera “estratégicas” para el Estado santafesino: la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas (Assa), Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfe), Radio y Televisión Santafesina (RTS) y el Laboratorio Industrial Farmacéutico (Lifse).
Estado, go home
La lógica que impulsa La Libertad Avanza es la contraria: la del Estado subsidiario, que interviene solo si el privado no puede o no quiere. En palabras del proyecto: “La prestación de los servicios públicos corresponde prioritariamente a los particulares, y solo en caso de ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada podrá intervenir el Estado provincial o municipal”. La idea es que se privatice todo lo privatizable.
Pero incluso en ese caso, el Estado no actúa solo. El texto privilegia “esquemas asociativos o de colaboración público-privada” y afirma que se deben “eliminar trabas normativas y garantizar seguridad jurídica a los particulares”.
La reforma propuesta por los libertarios va más allá: introduce una cláusula que impide que el Estado se controle a sí mismo. “El control y fiscalización de los servicios públicos que preste el Estado no podrá estar a cargo de órganos estatales”, dice, y propone que existan “mecanismos independientes y transparentes de control de legalidad y anticorrupción”.
| Eje temático | PJ | LLA |
|---|---|---|
| Modelo de Estado | Estado activo, garante de derechos, productor y regulador. Promueve la equidad y la soberanía sobre recursos estratégicos. | Estado mínimo. Propone reducir el gasto público y limitar funciones a seguridad, justicia y orden fiscal. |
| Empresas públicas | Declara estratégicas a EPE, ASSA, ENERFE, RTS y LIF. Prohíbe su privatización, concesión o gerenciamiento. Participación de trabajadores. | Fomenta inversión privada y colaboración público-privada. El Estado actúa solo si no hay iniciativa privada suficiente. |
| Servicios públicos | Bienes comunes esenciales. Responsabilidad indelegable del Estado. No pueden cederse a privados. Control estatal con participación social. | Deben organizarse de forma eficiente y preferentemente privada. Control por entes independientes, no estatales. |
| Derecho a la vivienda y al hábitat | Reconoce el derecho a la vivienda digna, promueve cooperativas y regularización dominial. Protege a inquilinos y barrios populares. | No menciona vivienda ni hábitat como derechos. El Estado no interviene salvo ausencia de actores privados. |
| Derecho a la alimentación | Reconoce a la alimentación como derecho esencial. Declara los alimentos como "bienes sociales". | El texto omite referencias a soberanía o seguridad alimentaria. |
| Intervención estatal en la economía | Permite crear empresas públicas para actividades industriales, bancarias y de crédito. Promueve el desarrollo con interés público. | Rechaza el paradigma estatista. Promueve desregulación, eliminación de burocracia y libertad económica. |
| Política tributaria y solidaridad | Implícita en su enfoque redistributivo. La progresividad fiscal está presente en el diseño general. | Rechaza expresamente la "solidaridad obligatoria" y la "progresividad" por ser "herramientas de coacción estatal". |
Derecho a la ciudad
La distancia entre ambos proyectos se agranda cuando se trata de derechos económicos y sociales. El texto del PJ se inscribe en una tradición latinoamericana que reconoce el “derecho a la ciudad” como parte del plexo de derechos fundamentales.
Así lo establece en varios de sus artículos, que reconocen:
-El acceso al hábitat y la vivienda como derecho exigible.
-La creación de empresas estatales para facilitar el crédito productivo y habitacional.
-La promoción de formas cooperativas, comunitarias y asociativas de producción de hábitat.
-La protección a inquilinos e inquilinas mediante condiciones de “equidad habitacional”.
-La prioridad para los habitantes de barrios populares en las políticas públicas, con foco en la regularización dominial, el acceso a servicios y la prevención de desalojos.
Como parte de esa visión, también se establece que “el Estado crea una Empresa de Desarrollo, Movilidad e Infraestructura Urbana, juntamente y en asociación con las empresas de servicios públicos existentes y entidades cooperativas”, algo que Juan Monteverde ya propuso en su campaña a intendente en 2023.
A esto se suma una concepción integral de la alimentación como derecho humano. “La Provincia, en su carácter de productora de alimentos, los declara como bienes sociales y reconoce a la alimentación como un derecho esencial”, establece el proyecto. Y aclara que el Estado dispondrá “de las acciones para efectivizar el acceso a este derecho” en el marco de la soberanía alimentaria.
¿Solidaridad o coacción?
La contracara libertaria es explícita en su rechazo de este paradigma. Su texto expresa que “se prescinde de los conceptos de «solidaridad» y «progresividad» en materia tributaria”, por considerarlos “nociones de contenido impreciso y fuertemente subjetivo, que históricamente han sido utilizadas como herramientas legitimadoras de políticas fiscales expoliatorias”.
No es solo una crítica al sistema tributario. Es una impugnación a toda política redistributiva. El proyecto cita textualmente a Javier Milei: “Cuando el Estado toma el dinero de unos para dárselo a otros, incurre en un robo legitimado por la violencia. La solidaridad obligatoria es una contradicción en términos: lo que se impone no es un acto moral, es coacción”.
La propuesta de reforma repite esa idea en varias de sus cláusulas. Afirma que es deber del Estado “eliminar cargas burocráticas, disminuir regulaciones, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado productivo”. Y propone un nuevo pacto tributario entre el ciudadano y el Estado “basado en reglas claras, límites estrictos al poder de imposición y la garantía de previsibilidad fiscal”.
Choque de modelos
La comparación entre ambos proyectos muestra que la grieta política nacional no solo está presente en la Convención: encuentra en ella un probable formato constitucional.
Mientras el peronismo santafesino propone consagrar un modelo de Estado activo, productor, garante de derechos e interventor en la economía con objetivos sociales, La Libertad Avanza busca limitar al Estado, reducir su tamaño, evitar cualquier forma de redistribución y colocar los servicios públicos bajo lógica privada.
El PJ quiere blindar constitucionalmente a empresas como la EPE, Aguas o el LIF. La Libertad Avanza que esas funciones estén en manos de privados, salvo casos excepcionales. El PJ concibe el hábitat, la vivienda y la alimentación como derechos. La Libertad Avanza rechaza que esos derechos deban ser garantizados mediante políticas públicas activas. El PJ, que además declara intransferible la Caja de Jubilaciones, apela a la solidaridad como principio fundante. LLA la considera “coacción”.
Posturas difíciles de conciliar.
