Si hay algo que quedó claro durante la segunda semana de debate de la Convención Constituyente es que lo que está en juego en Santa Fe, a partir del rediseño de la arquitectura institucional que implica la reforma constitucional, es un nuevo esquema de poder. O, al menos, un reacomodamiento del mismo.
Eso se vio con mucha claridad en las discusiones en torno a un capítulo de la nueva Carta Magna: el judicial. Pero también en el hecho de que Unidos no haya podido cerrar un único proyecto de reforma por las diferencias entre el radicalismo y el socialismo.
Más para Santa Fe (PJ, Frente Renovador y Ciudad Futura) sí presentó un solo proyecto este viernes a la noche, pero a costa de que los sectores que componen el bloque se repartieron las distintas partes del mismo según su intereses particulares en torno a cada tema. Los intendentes liderados por Pablo Corsalini y el espacio del concejal Juan Monteverde impusieron su mirada sobre los temas municipales y los mecanismos de participación ciudadana. El grupo alineado con los senadores hizo lo propio sobre las cuestiones vinculadas al Poder Judicial, con Diego Giuliano como una especie de cardenal Samoré que tendió puentes hacia uno y otro lado.
Lo cierto es que hay una pulseada que es multidimensional y en la que los distintos actores partidarios o corporativos ven que hay cosas para perder y cosas para ganar. Porque son demasiadas piezas, se manejan en distintos niveles, y hasta las que parecen incólumes pueden terminar –aunque sea parcialmente– movidas por las olas.
Hay que decir que esto no empezó con la Convención. Desde el mismo momento en que el Maximiliano Pullaro fue electo con más de un millón de votos y se quedó con mayoría en ambas cámaras legislativas, dejó en claro su voluntad de sacudir estructuras que parecían eternas, como la propia Constitución y la Corte Suprema de Justicia. La idea de que estaba empoderado para hacerlo se fortaleció con los buenos resultados en materia de seguridad. Eso terminó de configurar el escenario para ir por una reforma que incluyera su reelección.
Socios con distintas agendas
Que Pullaro tenga la posibilidad de ser reelecto ordenó en un sentido al oficialista frente Unidos, al cerrar las grietas que hubiera podido abrir una disputa por la sucesión. Pero al mismo tiempo puso a los aliados que aportaron votos legislativos y músculo reformista a tratar de impedir un sobredimensionamiento del poder del gobernador.
Eso es lo que hizo el socialismo con la agenda que sumó a la ley de necesidad de la reforma e intenta sostener ahora en la Convención. Más parlamentarismo con el ministro de Articulación con acuerdo legislativo, los mecanismos de participación ciudadana con efecto vinculante, la institucionalización de las regiones o áreas metropolitanas son, por mencionar algunas propuestas que los diputados del PS incluyeron durante el debate legislativo de diciembre pasado, elementos de una apuesta por descentralizar y repartir poder que hoy concentra la Casa Gris.
Sin embargo, es en el corazón de la reforma, el debate actual en torno a lo que los constitucionalistas llaman la sala de máquinas _las normas, condiciones y mecanismos de funcionamiento interno del sistema político e institucional_ donde esa voluntad de poner límites aparece con mayor nitidez.
El socialismo juega, de alguna manera, a ser una suerte de Alfonsín en este proceso. El ex presidente radical, socio de Carlos Menem en el pacto Olivos, dio la vuelta de llave para sumar un tinte progresista y sobre todo republicano a la Constitución del 94. A la vez, sacó tajadas de poder que en aquel momento garantizaron la supervivencia como partido nacional de un radicalismo en crisis, como el tercer senador por la minoría. El riojano, se sabe, se llevó la reelección.
La disputa interna está abierta y por el momento nadie sabe cómo se va a saldar, por más que desde el propio PS hablen de “unidad de los 33 convencionales del oficialismo hasta que duela”.
Demasiada diferencia
Autonomías municipales aparte, algo que de por sí implica descentralización, el proyecto del radicalismo está lejos de la idea de que el Ejecutivo ceda poder. Sobre todo en mecanismos cruciales de esa sala de máquinas en los que sus enunciados están en las antípodas de los de sus principales socios.
Por poner como ejemplos del capítulo judicial: la UCR propone que los concursos para jueces y fiscales estén a cargo de un Consejo de la Magistratura presidido por el Poder Ejecutivo y que el gobernador elija los pliegos para enviar a la Legislatura entre todos los que hayan aprobado. Ese mismo organismo tendrá a su cargo el juzgamiento de esos funcionarios. El partido de Pullaro también plantea que el fiscal general a cargo del Ministerio Público de la Acusación coincida en mandato con el del gobernador, con la idea de que, al estilo norteamericano, es el mandatario el que fija la política de persecución criminal. Así lo fundamentó el presidente de la comisión de Justicia, Lisandro Enrico.
El proyecto del socialismo, en cambio, deja los concursos en manos de un organismo técnico y el juzgamiento a cargo de un tribunal ad hoc. En ninguna de estas dos instancias participa el Ejecutivo y la terna de postulantes a jueces o fiscales que le llegue al gobernador es vinculante. En cuanto al mandato del fiscal general, es de cinco años renovables por otros cinco, para que sea el MPA el que defina su plan de persecución penal, “en coordinación con las restantes autoridades de la Provincia, pero sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura”.
Es paradójico, pero en los puntos antes señalados hay más cercanía entre la iniciativa del socialismo con la de la La Libertad Avanza que con la de la UCR. Los libertarios proponen un Consejo de la Magistratura independiente, con amplias atribuciones en el nombramiento y el enjuiciamiento de jueces, sin participación del Ejecutivo. Para el mandato del fiscal general, que sea de cinco años reelegible por cinco más.
También en cuanto a las atribuciones del propio Ejecutivo hay un punto de fricción: el proyecto radical contempla que haya decretos de emergencia, mientras que el socialismo rechaza la posibilidad de que se use ese instrumento en cualquier situación. Hoy en Santa Fe, por caso, rigen emergencias social, en seguridad, educación y salud.
La cuestión no es menor, frente a otro cambio clave que producirá la reforma: el fin del sistema de representación actual, en el cual la lista que gana la elección en el rubro Diputados se queda con una mayoría automática de 28 bancas sobre 50 en la Cámara baja. En un escenario político de tercios como en la última elección de convencionales, que algún sector tenga mayoría propia se convierte en una posibilidad remota. En esa situación hay dos caminos para contar con los instrumentos legales para gobernar: la negociación o el decreto.
Hay una lógica de poder también dentro de esta pulseada dentro de Unidos: cada cual defiende el que tiene. El radicalismo está a cargo del Ejecutivo, el socialismo preside la Cámara de Diputados y es, dentro del bloque oficialista, el sector que cuenta con más bancas. Pero esa relación de fuerzas internas con la UCR está invertida en la Convención.
Conservadores y todo lo contrario
También Más para Santa Fe moldeó el proyecto único de reforma constitucional que presentó el viernes a la noche, y su equilibrio interno, de acuerdo a sus intereses de poder.
El sector de los senadores peronistas, que en coordinación con la bancada de Unidos consiguó cerrar la puerta al debate de la unicamericalidad en la ley de necesidad de la reforma, se quedó para sí con el capítulo judicial. Sus propuestas están en línea con la voluntad del sector más conservador de la Corte, es decir los tres ministros que aunque ya superaron los 75 años siguen en sus cargos y con quienes componen un bloque de poder histórico. Así, la iniciativa va a contramano de todas las otras en un asunto espinoso: postula que el MPA quede bajo la órbita del Poder Judicial, lo mismo que el Consejo de la Magistratura. Esto último es lo que plantearon los propios jueces en la comisión de Justicia de la Convención.
El otro grupo, en el que revistan Ciudad Futura (Juan Monteverde), el Movimiento Evita (Lucila de Ponti) y el representante de los intendentes de Vamos, Pablo Corsalini, se ocupó de los aspectos vinculados a la participación ciudadana y, en este tema también con la participación de Diego Giuliano, régimen municipal.
Tiene que ver con lo que cada uno se quiere llevar de esta reforma constitucional: los experimentados senadores que las estructuras institucionales actuales cambien lo menos posible; los que encarnan la renovación generacional todo lo contrario.
Al menos, es lo que plantea Monteverde: “Lo que queremos plasmar es un cambio de paradigma del ejercicio del poder. Es que esta democracia se salva de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Vamos a pelear para que esta Constitución dé vuelta la pirámide y eso va desde la sala de máquinas al municipalismo, pasando por generar distintos institutos de poder ciudadano que empoderen a la sociedad”.
El distinto origen y los diferentes objetivos no son nuevos. La unidad en la diversidad que les dicen unos y otros.
Como sea, algo está claro: hay una voluntad mayoritaria entre los 12 convencionales de Más para Santa Fe de quedar del lado de adentro de los acuerdos, como pasó con el reglamento. También una necesidad de la que Unidos tomó conciencia el día que quedó vacía una banca por el ACV de Alejandra Locomotora Oliveras y la mayoría oficialista entró en zona de riesgo: a mayor consenso, mayor legitimidad para una Constitución que será legado de esta dirigencia política.
¿Volverá este bloque a votar dividido el día que se trate si se habilita o no a Pullaro a competir por la reelección? Si el oficialismo se abre a negociar, si a la hora de ceder poder también lo hace para ese lado, seguramente se levantarán manos peronistas.
Participación ciudadana
Todos estos actores y todos estos temas protagonizaron esta semana, la segunda de la reforma, en la que se vio de todo: convicciones, miedos, deseos, chicanas, posibilidades, intrigas, desconfianzas. Intensidad política al palo, ahora transmitida en vivo y en directo por TV, aunque con una audiencia limitada: el streaming de las reuniones de comisiones y la sesión plenaria del jueves no fueron justamente pasión de multitudes.
Pero aun así, la sociedad civil también dijo aquí estoy. Al cierre de esta nota se habían presentado cientos de proyectos de manera presencial o vía web en la mesa de entradas de la Convención. Muchos de ellos provienen de sectores golpeados por las políticas de la era Milei: organizaciones de derechos humanos, movimientos feministas, asambleas ambientales, redes de salud pública, colectivos educativos, pueblos originarios. Buscan amparo en la nueva Constitución santafesina en un tiempo que, al contrario de lo que cantaba Silvio Rodríguez, no está a favor de los pequeños.
Algunos proponen cláusulas de no regresividad en materia de derechos. Otros impulsan participación ciudadana con efectos jurídicos reales, no meramente consultivos. También hay proyectos para garantizar el acceso a la vivienda, consagrar la paridad en todos los órganos del Estado, asegurar el acceso a la información pública y prohibir el uso de agrotóxicos en zonas periurbanas, defender la diversidad sexual. En todos los casos, se advierte una lógica común: si el Estado nacional se corre o incluso ataca, el provincial debería proteger.
