En un contexto mundial donde la tecnología transforma aceleradamente todos los aspectos de la vida social, económica y jurídica, la provincia de Santa Fe podría convertirse en una de las primeras en el país y en el resto de Sudamérica en reconocer los derechos digitales con rango constitucional. La iniciativa, presentada formalmente el 27 de julio ante la Convención Reformadora, busca actualizar el texto constitucional incorporando un nuevo artículo que garantice estos derechos como una extensión de los derechos humanos fundamentales.
La propuesta fue elaborada y presentada por el Dr. Juan Manuel Fascia secretario del Colegio de Abogados de Rosario (COLABRO), y la Dra. Claudia Guardia, presidenta del Instituto de Inteligencia Artificial del mismo Colegio, referentes en el cruce entre Derecho, tecnología y políticas públicas. Ambos abogados cuentan con una destacada trayectoria académica y profesional en materia de inteligencia artificial, derechos fundamentales y transformación digital del sistema de justicia.
Una Constitución del siglo XXI
“El futuro ya no es una promesa: es presente. Y nuestra Constitución debe reflejarlo con claridad”, afirman los autores del proyecto, quienes sostienen que es imprescindible dar un salto cualitativo en la protección de los derechos de la ciudadanía en entornos digitales. Entre los ejes propuestos se encuentran la alfabetización digital, la conectividad universal, la protección de datos personales, la regulación ética de la inteligencia artificial y el reconocimiento de los neuroderechos.
El nuevo artículo —que se propone incorporar dentro de la Sección Octava de la Constitución Provincial— reconoce expresamente los derechos digitales como una manifestación contemporánea de los derechos humanos, y establece obligaciones concretas para el Estado en materia de inclusión, seguridad, sustentabilidad y acceso equitativo a las tecnologías.
¿Qué propone el artículo?
La redacción propuesta, clara y vanguardista, incluye mandatos al Estado para:
-Reducir la brecha digital a través de políticas de inclusión tecnológica y alfabetización digital.
-Garantizar la conectividad universal como condición necesaria para ejercer otros derechos.
-Proteger la privacidad y seguridad digital, fortaleciendo la respuesta ante ciberamenazas.
-Promover una ciudadanía digital activa, con foco en la participación, el conocimiento abierto y el gobierno digital.
-Regular éticamente la inteligencia artificial y proteger los neuroderechos, para asegurar la integridad de la autonomía mental y la toma de decisiones.
-Reconocer el derecho a la desconexión digital, especialmente en el marco de las relaciones laborales.
Impulsar un desarrollo digital ambientalmente sostenible, contemplando el impacto ecológico de las tecnologías.
Además, la propuesta incorpora una disposición transitoria que obliga a la Legislatura a dictar las leyes necesarias para su implementación efectiva.
Compromiso, actualidad y oportunidad histórica
Tanto Guardia como Fascia remarcan que esta propuesta no surge de un laboratorio teórico, sino de una necesidad concreta detectada en su práctica diaria como abogados, docentes y conferencistas. “La Constitución es el pacto más alto que tenemos como sociedad. Si queremos un Estado presente en el mundo digital, debemos empezar por reconocer estos derechos desde la raíz”, explica Guardia.
Fascia, por su parte, señala que el proyecto no sólo posicionaría a Santa Fe como referente a nivel nacional e internacional, sino que además traza un camino de avanzada que puede inspirar a otras provincias y a la Nación. “Ya no se trata solo de discutir tecnologías, sino de garantizar dignidad, libertad y equidad en los nuevos escenarios donde se juegan los derechos de las personas”, sostiene.
Derechos humanos 4.0
El reconocimiento constitucional de los derechos digitales representa un paso determinante hacia un paradigma jurídico más justo, inclusivo y contemporáneo. Como plantean sus autores, se trata de asegurar que “la inteligencia artificial, los datos personales y las tecnologías emergentes estén al servicio de las personas, y no al revés”.
El proyecto se enmarca en una tendencia global: la protección de los llamados “derechos humanos 4.0”, que amplían el concepto clásico de libertades fundamentales a los nuevos entornos digitales, cada vez más presentes en la vida cotidiana.
La Convención Reformadora de Santa Fe tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de dar un mensaje claro al país: que los derechos digitales importan, que deben ser protegidos, y que la Constitución está viva para dar respuesta a los desafíos del siglo XXI.
