La Procuración del Tesoro Nacional inició una investigación tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF. Así lo confirmaron este miércoles fuentes del Gobierno, que anticiparon que despedirán a quienes sean individualizados como responsables de una eventual “venta de información” al fondo Burford.
En el marco de la sospecha del Gobierno de que hubo información sobre YPF filtrada a los fondos extranjeros, desde el organismo confirmaron una “profunda reestructuración”.
Según indicaron a través de un comunicado, se busca “eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”.
En la misma línea, agregaron: “Este recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.
Además, indicaron que desde la llegada de las nuevas autoridades en febrero de este año, se redujo la cantidad de personal en más de un 20%. Ahora, pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. “Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”, agregaron.
Por último, desde el organismo expresaron: “La Procuración del Tesoro reafirma así su compromiso con una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos”. Y finalizaron: “Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del gobierno y prioridad absoluta de esta administración para el manejo de una gestión eficiente”.
El Gobierno cree que personal de áreas con acceso a los expedientes en trámite, como las apelaciones ante la Justicia de los Estados Unidos, envía o vende información con los fondos extranjeros. “Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar”, agregan desde el oficialismo.
