El Ministerio Público de Brasil solicitó a la Corte Suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus exfuncionarios por su presunta participación en una trama golpista.
Según informó la agencia EFE, el fiscal general Paulo Gonet presentó su alegato final ante el máximo tribunal, en el que acusa a los implicados de intentar derrocar el orden democrático.
Los cargos incluyen intento de golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños agravados por el uso de violencia o amenazas, y destrucción de patrimonio público.
Los hechos se remontan al 8 de enero de 2023, cuando seguidores radicalizados de Bolsonaro asaltaron de manera violenta las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial, en protesta contra la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impiso en las elecciones de 2022.
De ser encontrados culpables, Bolsonaro y los demás acusados —entre ellos exministros y altos mandos militares— podrían recibir penas que van de 12 a 40 años de prisión.
La Fiscalía aseguró haber reunido una cantidad significativa de pruebas, como documentos escritos, mensajes digitales, planillas y testimonios, que demostrarían la existencia de una conspiración contra las instituciones democráticas.
Según el fiscal Gonet, los elementos reunidos apuntan a que Bolsonaro fue el líder de una organización que buscaba obstaculizar el funcionamiento de los poderes del Estado y promover la caída del gobierno electo, además de destruir edificios públicos.
Bolsonaro rechazó todas las acusaciones y se defendió a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, denunció que es víctima de una "caza de brujas" y calificó el proceso como una persecución política: "Estamos viviendo una auténtica CAZA DE BRUJAS, una persecución flagrante contra mí y los millones de brasileños que represento", escribió.
El exmandatario negó haber atentado contra la democracia y señaló que las imputaciones en su contra se basan en declaraciones obtenidas bajo presión. "Nunca violé la Constitución ni atenté contra la democracia. Los que lo hacen son quienes fabrican pruebas, encarcelan inocentes y usan el poder para callar a sus opositores", sostuvo.
