El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Diego Velasco pidió la prisión preventiva efectiva del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien fue acusado este miércoles por tres legajos diferentes: por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. El magistrado, por encontrarse en funciones, goza de inmunidad de arresto.
Como Bailaque tiene inmunidad de arresto por su cargo como magistrado de la Nación, el fiscal pidió al Consejo de la Magistratura que acelere la investigación que tiene a su cargo por el desempeño del juez, que podría eventualmente derivar en una suspensión o juicio político.
“No escapa a este Ministerio Público Fiscal que el imputado tiene inmunidad de arresto. Esto es un pedido sujeto a que el Consejo de la Magistratura actúe en consecuencia”, señaló ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.
Velasco sostuvo que “están dados los elementos de convicción suficientes” para fundar el pedido de prisión del juez federal. Agregó que su rol actual puede generar “cierto riesgo de entorpecimiento en las investigaciones que llevan adelante” los propios fiscales. A modo de ejemplo, citó una suerte de “apriete” que profirió Bailaque a una empleada judicial que había sido citada a declarar en la causa.
Por su parte, el fiscal Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó embargar inmuebles del juez, una embarcación y un vehículo.
Las imputaciones al juez
Como ya adelantó Rosario3 en noviembre del año pasado, los fiscales federales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) señalaron las posibles irregularidades que cometió el magistrado en tres causas puntuales: en el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, cuyo entramado societario tenía de contador –Gabriel Mizzau– al mismo que le llevaba los números al juez, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija y terminó perjudicado, se cree, con posible connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Mizzau, por su parte, ya fue imputado junto con el contador Eduardo Semino por haber prestado “asesoramiento” al llevar la contabilidad del entramado societario que utilizó Alvarado desde 2014 en adelante. Los fiscales afirmaron que Mizzau, por ejemplo, siguió manteniendo comunicaciones hasta septiembre de 2024 con Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Alvarado, condenada por lavado, justamente por la actividad de las firmas a las que se le llevaron los números.
El fiscal de la Procunar Scilabra también remarcó que ni Mizzau ni Semino hicieron reportes de operaciones sospechosas por la actividad de Edra, Logística Santino, TOIA y Sagrado Corazón de María, las cuatro empresas relacionadas con el capo narco.
Para los fiscales, fue curioso que mientras Mizzau era contador de Bailaque y de algunas de las empresas vinculadas al narcotraficante, el juez que tenía a cargo la instrucción de la investigación contra Alvarado denegó medidas como intervenciones telefónicas a Capuano, justamente relacionada con el contador. “El juez debería haberse excusado de intervenir”, señaló Scilabra sobre su accionar en el legajo contra el jefe narco.
La otra acusación contra el juez fue por el manejo de los fondos de la intervenida cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. En ese expediente, el magistrado permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo responsable es su amigo Fernando Whpei, cuando debió haberlo hecho hacia una entidad bancaria, regulada por el Banco Central.
Reynares Solari le achacó al juez no haber hecho lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores que indicaba que estaba beneficiando a su amigo, lo que constituía una irregularidad. Luego, el fiscal indicó que en las apelaciones ante instancias superiores, Bailaque no dejó asentado que era amigo de Whpei hasta que se lo consultaron los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda, en una segunda revisión de cámara. “Jamás negué que era su amigo”, contó el fiscal que respondió Bailaque.
“En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año (2024) con Whpei. Claramente, es amigo hasta el día de hoy”, aseguró.
El último caso fue expuesto por el fiscal Argibay Molina, que describió el presunto accionar de una red en la que estaría involucrado el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de alta jerarquía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en realizar medidas para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a quien se investigó por una denuncia anónima que ingresó primero al despacho de Bailaque y luego a la por entonces Afip, desde donde se había enviado la información, según afirmó el fiscal.
Después de ponderar que la causa contra Iglesias tenía una estrecha correlación en las fechas en las que Bailaque mantenía encuentros, comidas con el directivo de la ex Afip Carlos Vaudagna, Argibay Molina señaló: “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”.
Después de la audiencia, el propio Vaudagna aceptó ser “arrepentido” en la investigación, donde confesó la autoría de varios delitos, entre ellos, el de haber extorsionado a empresarios a cambio de dinero en connivencia con otros actores del sistema.
