El gobernador Maximiliano Pullaro se sometió este martes al primer narcotest que marca el inicio formal de un nuevo sistema de control antidrogas en las fuerzas de seguridad de Santa Fe. Lo hizo en la sede del ministerio de Justicia y Seguridad, acompañado por el titular de esa cartera, Pablo Cococcioni, quien también se realizó el examen. Ambos resultados fueron negativos.
La medida alcanza a policías, agentes del Servicio Penitenciario y funcionarios políticos. Se trata de tests sorpresivos, periódicos y obligatorios, que buscan detectar y erradicar el consumo de sustancias ilegales en los cuerpos encargados de proteger a la ciudadanía.
“Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina. Para eso no basta con infraestructura o equipamiento: también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de prestar ese servicio”, afirmó Pullaro.
En total, solo durante esta mañana se realizaron unos 30 narcotests. Las pruebas detectan consumo reciente de seis tipos de sustancias: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas. Se hacen mediante un hisopado bucal y los resultados se conocen en el acto.
Controles, sanciones y criterio sanitario
La resolución que pone en marcha el nuevo plan fue firmada por el ministro Cococcioni y establece que los controles se harán de manera imprevista. “Se elabora una muestra de personal para que el orden no sea predecible. La convocatoria es inmediata y obligatoria. La inasistencia sin justificación genera sanciones disciplinarias y afecta la confianza en el agente, lo que influye directamente en su carrera”, explicó el funcionario.
Los resultados se remiten en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el gobernador. Además, el test se incorpora como requisito obligatorio para el ingreso y ascenso dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario.
“Actuamos con ejemplaridad”, destacó Pullaro. “El ministro me avisó ayer que llegaban las muestras y pedí estar presente para dar el ejemplo. Acá no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales.”
En los casos en los que se detecte consumo, se priorizará el abordaje sanitario, aunque si se trata de personal en funciones sensibles o cargos de mando, podrá ser apartado preventivamente.
“Es una política de integridad. Queremos instituciones que cuiden a la sociedad y que lo hagan con transparencia activa”, cerró Cococcioni.
