La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó revocar el sobreseimiento y reabrir la investigación contra el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y otros siete exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa por presuntas presiones e intimidaciones al empresario Daniel Vila, presidente del Grupo América, para que libere el espectro radioeléctrico adjudicado a su empresa Arlink.
De acuerdo a El Cronista, el fallo judicial reactivó una investigación que había quedado frenada y que ahora deberá profundizarse para determinar si hubo presiones ilegales desde el Estado hacia el empresario mediático.
La decisión fue firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes dieron marcha atrás con los sobreseimientos dispuestos previamente por Daniel Rafecas.
Los funcionarios que siguen bajo la lupa son Francisco Jorge Canese Méndez, exasesor del Enacom; Juan Manuel Mocoroa, exdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; y el abogado Juan Manuel Cañada, además de otros exfuncionarios como Justina Ponferrada y Jorge Luis Camps.
Ahora, tras el fallo de la Cámara Federal, el juez Daniel Rafecas deberá seguir investigando a estos exfuncionarios de la administración de Cambiemos, que encabezó el expresidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
Hipótesis
Para el magistrado, la hipótesis es determinar si "diversas autoridades del Poder Ejecutivo nacional exigieron, presionaron y/o intimidaron a Daniel Vila -entonces (2017) Presidente de Supercanal SA y Arlink SA-, con la finalidad de que este último desistiera de una medida cautelar en trámite ante la Cámara Federal de Mendoza y liberara el espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones personales 4G que le había sido concesionado".
El empresario Daniel Vila había denunciado que Mauricio Macri lo presionó para que devolviera el espectro de 4G que le había sido asignado a su empresa Arlink, lo que también lo obligó a vender la firma Supercanal.
La causa busca establecer si estas presiones constituyeron delitos contra la administración pública y si buscaron beneficiar a otras empresas del sector.
Cuáles son las pruebas que ya existen
La Justicia ya probó la existencia de comunicaciones y reuniones entre los investigados, pero los camaristas entendieron que faltan hacer más medidas de prueba para determinar si hubo presiones para que se desistiera de la cautelar. Y si la operación buscaba beneficiar a otra compañía.
La Cámara reconoció que las medidas realizadas hasta ahora "parecen respaldar los datos objetivos aportados, es decir, la existencia de las diversas reuniones que tuvieron como principales intervinientes a Daniel Vila, Mauricio Macri y Mario Quintana, las comunicaciones mantenidas, los acuerdos informales a los que arribaron y los compromisos asumidos".
Esta información se evidencia por libros de visitas, testimonios, actas de directorio, capturas de mensajes y constancias judiciales que ya obran en el expediente.
Por qué se revocó el sobreseimiento
Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, al analizar las constancias de la causa, determinaron que "impiden homologar el pronunciamiento en trato" del sobreseimiento que había dictado el juez de primera instancia.
Sin embargo, los magistrados indicaron que "poco se avanzó para conocer si -efectivamente- esos extremos enmarcan dentro de la hipótesis penal de esta causa, es decir, si las acciones -por su forma, por su método, por la finalidad, por los actores intervinientes y por las atribuciones funcionales- son la evidencia de los ilícitos denunciados".
En otras palabras, aunque está probado que hubo reuniones y comunicaciones, falta determinar si estas constituyeron delitos.
