Reforma constitucional: llaves y disputas de poder en el rediseño institucional de Santa Fe

Era raro. Como un domo con gente emocionada, nerviosa, después algo exaltada, movilizada. Una manzana de la ciudad de Santa Fe, la de la Legislatura, estaba en estado de ebullición. Pero alrededor todo seguía como si nada. Y en el alrededor de los alrededores también. Ni hablar en el resto de la provincia. La Convención Constituyente que debe reformar la Carta Magna santafesina transcurrió su primera semana encapsulada. Ajena, por ahora, al interés masivo. 

Una Convención Constituyente es como un no lugar: un poco hay que inventarlo, generar sus reglas de juego y de convivencia. Eso pasó estos días, por momentos con actitudes teatrales y amenazas altisonantes que fueron, en realidad, gestos para la tribuna. A la hora de los bifes, de los votos, de las decisiones, primaron la calma, la responsabilidad, la conciencia que modificar la Constitución provincial, reescribir parte de ella, es otra cosa. Aunque no todos estén de acuerdo, no hay forma de hacerlo de forma prolija y armónica sin negociar; tirar de la cuerda, ceder, y también aceptar cuando los otros juntan más porotos que uno. Así se pudo sacar el reglamento y conformar las comisiones de trabajo con todos los bloques políticos adentro. Generar las condiciones para que la rueda se ponga a andar. Aunque la época marque otra cosa. 

Desde afuera se puede ver todo lo que sucede allí, en el domo, como un evento de la política para la política, una especie de castapalooza. Cómo se define su representación democrática, cómo se eligen y evalúan los jueces y fiscales que van a investigar y juzgar los delitos que sufra o cometa, cómo se hace para que pueda hacer escuchar su voz más allá del momento del voto —por mencionar unos pocos temas—, no son cuestiones que figuren entre los desvelos inmediatos de la ciudadanía. Pero una reforma constitucional siempre es un hecho trascendente. Histórico, como escribimos los que la contamos. Porque se reescribe un pacto social. Las bases y principios sobre las que se asienta la convivencia en comunidad. 

La reforma de la Constitución de Santa Fe se lleva adelante en tiempos de apatía y  sentimientos antipolítica. En ese marco es que la Convención tiene el desafío de construir consensos que legitimen el nuevo texto de la Carta Magna. Sería deseable que también muestre voluntad de romper la pared. De acercar a la sociedad el debate que va a moldear las nuevas reglas del poder, la relación del mismo con la ciudadanía y la incorporación de nuevos derechos.

En la semana inicial de trabajo hubo quienes quisieron explotar políticamente el clima de época y quienes usaron otras cartas para adaptar las situaciones a su conveniencia. Pero también ámbitos en los que unos y otros se salieron de esa especie de roles prefijados y empezaron a construir algo en común. Por ahora solo se trata de la caja, no del contenido, de lo que va adentro. Pero no es poco.

Veamos quién es quién y cómo juega.

El oficialismo conduce el carro

 

Unidos para Cambiar Santa Fe —con mayoría propia en la Convención y la presidencia en manos del senador radical Felipe Michlig—  fue exitoso en su estrategia desde el inicio. Impuso el reglamento que quería y, aunque no las presidirá todas, tiene número para dominar las comisiones operativas y temáticas. Bloqueó que figuras ajenas con proyección electoral ocuparan lugares que le pudieran dar una vidriera mejor que al resto. Y eso no astilló la posibilidad de establecer acuerdos políticos.  

Un ejemplo es lo que pasó con la presidencia de la comisión de Régimen Municipal, donde se discutirá la autonomía de Rosario: la querían Juan Monteverde (Más para Santa Fe-PJ) y Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza), ambos con la pretensión de ser intendentes en 2027. También la integra Josefina del Río, funcionaria de la gestión de Pablo Javkin. Al final la encabezará una concejala radical de Reconquista, Katia Passarino. Son todos dirigentes jóvenes, que plantean un recambio generacional de la política.

Si eso dejó heridas, cuando la comisión comenzó a funcionar, cicatrizaron y, con la participación de dirigentes de experiencia y conocimiento del tema como Rubén Giustiniani y Diego Giuliano, llegaron a una primera resolución que dejó conformes a todos: la primera reunión para trabajar sobre contenidos será en el Concejo Municipal de Rosario, con formato de audiencia pública. Es decir, en un lugar amplio, abierto, y con la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil y los particulares participen del debate sobre el modelo de ciudad que se viene. Un saludable intento por romper la pared. ¿Se repetirá en otras comisiones, por ejemplo en la de Justicia, donde se ponen en juego cosas fundamentales que generan intereses cruzados dentro de la misma Convención, entre ellos el nuevo estatus del Ministerio Público de la Acusación?

El gobernador Maximiliano Pullaro, convencional también él, mantuvo un perfil bajo. Abrió con un discurso la sesión inaugural, algo que molestó a sectores de la oposición, y después se llamó a silencio. Pero él encendió el motor de la reforma y será beneficiario de uno de los cambios fundamentales: el proceso terminará con la habilitación para que pueda competir por la reelección dentro de dos años.

Su influencia quedó clara en la distribución de cargos en las comisiones. Donde están puestos los mayores intereses del gobierno, hay presencia radical. La presidencia de la Convención, con poder de desempate, la ejerce Michlig, a quien Pullaro define como su “padre político”. La de la comisión de Justicia quedó en manos de Lisandro Enrico, su ministro de Obras Públicas. La de Poder Ejecutivo y Legislativo la encabezará el senador Rodrigo Borla. Son las que cocinarán el plato central de la reforma: lo que en constitucionalismo llaman “sala de máquinas”, las normas, condiciones y mecanismos de funcionamiento interno del sistema político e institucional  

Socios con agenda propia

 

Pero la UCR no es todo el oficialismo. Sus socios con mayor peso en Unidos, el socialismo y el PRO, también ganaron lugares de protagonismo. Los primeros, con una presencia más fuerte, en mayor medida que los segundos. 

Joaquín Blanco preside la estratégica comisión Redactora, que será una especie de filtro de todo lo que se defina en las comisiones temáticas. Lionela Cattalini será vicepresidenta de la de Justicia y, según confirmó en las últimas horas a Rosario3 una alta fuente de la gestión, desde ese lugar defenderá un planteo que en sus trazos fundamentales también comparte el gobernador: que el Ministerio Público de la Acusación debe ser un extrapoder que no dependa de la Corte Suprema, para ganar autonomía y llevar adelante sus investigaciones sin condicionamientos. Daiana Gallo Ambrosis, de otro sector interno del PS, es vicepresidenta tercera de la Convención.

Blanco y Cattalini, que actúan en tándem, fueron actores fundamentales en la elaboración de la ley de necesidad de la reforma, en las negociaciones sobre el reglamento y también ahora que la discusión de los contenidos constitucionales se pone a andar. El socialismo, al igual que la UCR, tiene un proyecto propio de reforma y sabe hacia dónde quiere ir. 

Germana Figueroa Casas (PRO) preside la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. Allí se debatirá otro asunto en el que en el oficialismo no hay posición unánime: si se debe declarar intransferible la Caja de Jubilaciones de la provincia. Ella cree que no, que la Constitución no debe condicionar el futuro de un sistema que está en crisis en todo el mundo, que no encuentra modelos de sustentabilidades y debe buscarlos, reinventarlos.

Ambos sectores podrían capitalizar cuestiones que impulsan. El socialismo va por la ya mencionada independencia del MPA y del Servicio Público de la Defensa; la creación de la figura de un ministro de articulación con acuerdo parlamentario; un rediseño de la Justicia que incluya mecanismos transparentes de nombramiento, evaluación periódica del desempeño y sanción de los jueces. También la incorporación de mecanismos de participación ciudadana con rango constitucional —como el plebiscito y la revocatoria de mandatos— a la uruguaya; eliminación de todo tipo de fueros; institucionalización de las áreas metropolitanas o regiones. Y propone bloquear la posibilidad de que Santa Fe tenga decretos de necesidad y urgencia.

El PRO, como la UCR, comparte parte de esa agenda. No toda. Y coincide a la vez con el radicalismo en algunas propuestas vinculadas al cuidado de las cuentas públicas desde la misma Constitución, como la responsabilidad fiscal. 

Unidos ha demostrado hasta ahora tener un método para resolver sus diferencias internas: en las tres grandes reformas que encaró hasta ahora, la previsional, la judicial y ahora la constitucional hubo posturas iniciales divergentes. Pero al final del camino, sus legisladores siempre votaron todos juntos. ¿Se sostendrá esto también en la Convención?

Dónde estás, Alfonsín

 

Para encarar la reforma constitucional del 94, que habilitó su reelección como presidente, Carlos Menem necesitó de un Raúl Alfonsín, que se llevó de ese proceso, entre otras cuestiones, el tercer senador por la minoría y consiguió introducir un perfil progresista a la Carta Magna, como la incorporación con rango constitucional de tratados internacionales sobre derechos humanos.

Pullaro, tan alfonsinista que hasta juró por la memoria del fallecido presidente radical cada vez que asumió un cargo, tiene a más de un sector para ese rol. Y no solo entre sus socios en Unidos. 

El PJ: pragmatismo y poder

 

El bloque más importante de la oposición es el de Más para Santa Fe, la alianza entre el PJ oficial y Ciudad Futura. Esa bancada comenzó la Convención con síntomas de fragilidad en su cohesión interna: Juan Monteverde protagonizó una escena tensa con Pullaro en la sesión inaugural, que lo miró fijo y desafiante mientras el concejal rosarino pronunciaba un discurso crítico en el que lo llamó a ser democrático y escuchar a los otros espacios. Eso le dio una visibilidad que al menos parte del oficialismo anotó como error propio, pero que además molestó a los históricos del justicialismo, fundamentalmente del grupo que responde a los senadores. 

Este último sector, que es mayoritario dentro del bloque, se desmarcó y no solo no se plegó a las críticas al gobernador y Unidos sino que levantó sus manos con el oficialismo en los dos puntos más polémicos del reglamento: el que establece que las reformas se aprueban por mayoría simple y el que le da doble voto al presidente de la Convención en caso de empate. La posición de Monteverde y otros cuatro convencionales fue en sentido contrario.

No fue el único síntoma: los senadores tampoco se plantaron para sostener la pulseada que dio y al final perdió el líder de Ciudad Futura para quedarse con la Presidencia de la comisión de Régimen Municipal y Autonomía.

El mensaje fue claro: el peronismo no es Somos Vida y Libertad, el bloque de Amalia Granata, ni tampoco La Libertad Avanza. Es un partido de Estado, parte del poder de la provincia aunque hoy no sea gobierno, y va a jugar para sostener ese lugar, lejos de cualquier discurso antipolítica.

El extrapoder ya existente

 

Ya se dijo, el ala que responde a los históricos senadores justicialistas juega un papel fundamental en ese posicionamiento. Eso es coherente con su actitud en general frente a la gestión: nunca sacaron los pies del plato. Y no lo hicieron solos. En líneas generales siempre actúan en acuerdo con sus colegas oficialistas. Como si fueran un extrapoder transversal, que parece tener, por ahora, una incidencia fundamental en la Convención. El presidente Michlig es un ariete fundamental del mismo. Rodrigo Borla, presidente de la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo, es senador. Lisandro Enrico, el de Justicia, también, solo que con licencia por su cargo en el gobierno. 

Los senadores blindaron la existencia de la Cámara alta en el debate de la ley —no se habilitó el debate sobre la unicameralidad— y ahora defenderán sus funciones y atribuciones, algunas de las cuales seguramente se pondrán en discusión. 

Además, aceptarán la limitación de las reelecciones indefinidas a un solo período, pero, aunque no todos están de acuerdo, ponen una condición: que a diferencia de lo que sucederá con el gobernador y la vice, para legisladores y concejales se considere que el primer mandato no es el actual sino el que viene. Fue lo que dijo el jueves, en Radio 2, el propio Michlig. El reseteo de la política, entonces, quedaría para 2035. 

Sin embargo, otros desafían: dicen que la Convención no es lo mismo que la Legislatura, que hay otros actores con capacidad de articulación de decisiones y que la visibilidad del debate es mucho mayor.

Una parte de ese desafío puede pasar por lo económico. Pablo Farías, convencional y diputado provincial del socialismo, advirtió, entrevistado en el programa Tres Poderes de RTS: “No se puede tocar la unicameralidad, pero sí se puede tocar el gasto legislativo”. El planteo va en línea con la idea de fijar constitucionalmente criterios de responsabilidad fiscal. Los generosos recursos con los que cuentan los senadores, para subsidios entre otros rubros, están en esa mira.  

Tensiones por derecha

 

La Libertad Avanza, con Nicolás Mayoraz de vocero, y Somos Vida y Libertad, de Granata, parecieron jugar en el posicionamiento público un partido y en la negociación política otro. Estridentes en el decir, incluso con una competencia entre ellos por ver quién es más antipolítica, se cuidaron finalmente de no romper nada a pesar de las amenazas de la mediática en ese sentido.

La estrategia de endurecer el discurso obedeció a la necesidad de interpelar al cuadrante antipolítica del electorado, ese que a nivel nacional se referencia con Javier Milei. Aunque no le salió del todo bien a ninguno de los dos porque, al menos en redes, tuvo mayor visibilidad el cara a cara de Monteverde con Pullaro que sus denuncias.

La decisión de negociar, en tanto, apunta a no quedarse afuera de la elaboración de una Constitución que será legado histórico y trascenderá la moda de pelearse todo el tiempo con todo el mundo. 

Semillero y capital político

 

La reforma constitucional también puede ser un escenario de proyección para figuras jóvenes o con necesidad de mayores niveles de conocimiento para cumplir sus ambiciones. Es lo que pasó -salvando las distancias de escala, época y calidad de representación entre aquella Convención nacional y esta provincial- en la de 1994 con dirigentes como Elisa Carrió, que fue toda una revelación, y la propia Cristina Kirchner. En Santa Fe, se pueden mencionar a convencionales como Cattalini, Monteverde, del Río, Paco Garibaldi, Esteban Motta, Passarino, Juan Pedro Aleart, Gino Svegliatti, Gallo Ambrosis y Lucila De Ponti, entre otros.

Cada uno de ellos, con mayor o menor trayectoria, ya cumple distintas responsabilidades o han sido electos para cumplir responsabilidades en cargos ejecutivos o legislativos provinciales y locales. La Convención los pone en otro plano, a jugar un partido de mayores dimensiones, en el que tienen mucho para aprender y ganar.

Mientras tanto, los que ya hace rato son hombres y mujeres del poder corren otros riesgos. Más allá de los beneficios que se lleven o no con las modificaciones normativas. El principal de ellos es el gobernador, porque es el que más capital político tiene y lo expone desde el mismo momento en que decidió impulsar este proceso. Sí, es cierto, Pullaro tendrá la posibilidad de ir por la reelección. Pero no alcanza solo con ello. Si la reforma constitucional produce un salto de calidad en la insitucionalidad santafesina será un activo importante y perdurable del cual  enorgullecerse. Pero si no resulta así, puede convertirse en una deuda dura de pagar.