En una Constitución libertaria de Santa Fe no se leería la palabra Senado. La única cámara legislativa tendría 60 integrantes, nueve menos que el total de las dos actuales. La representación territorial sería menor, más débil. Al no contemplar un mecanismo sólido para garantizarla, podría haber departamentos que no tengan ni un delegado en la Legislatura. La preeminencia sería de Santa Fe y Rosario. Así, correría de lugar el desequilibrio de hoy; generaría uno nuevo.
La autonomía municipal estaría limitada. Solo Rosario y Santa Fe podrían dictar carta orgánica. Tampoco se pensaría en institucionalizar regiones ni áreas metropolitanas.
La unicameralidad no está entre las posibilidades de cambio porque el Senado quedó blindado en la ley de necesidad de la reforma. Su eliminación está fuera del alcance de las decisiones de la Convención Constituyente. La autonomía municipal sí.
Que el primer tema haya sido incluido en el proyecto de reforma constitucional que La Libertad Avanza presentó este sábado es más una declaración pública que una decisión con efecto concreto posible. Un posicionamiento político que le permite sostener uno de sus pilares discursivos de acumulación: el ataque a la dimensión del Estado y sus superestructuras. El menosprecio de la representación territorial y el límite a las autonomías municipales calzan con una línea de la Casa Rosada: el federalismo menguado.
Achicamiento del Estado, equilibrio fiscal, libertad económica, un sesgo que privilegia los intereses de los empresarios por sobre los de los trabajadores, y rasgos de la batalla cultural son columnas de la iniciativa. Tiene capítulo antiabortista. Y lejos de reconocer los derechos de pueblos originarios y minorías sexuales, va contra las medidas de acción positiva y cupos en favor de esos colectivos.
El gran derecho
Faltan derechos de los que hablan los otros proyectos y los que están traen un condicionamiento: la sustentabilidad económica. Se sabe que de todo lo que resuene a justicia social mejor ni hablar. Hay un derecho que es guía protagónico pero no está explicitado como tal en el texto: el derecho a desregular.
Cuando habla de los deberes del Estado provincial apunta a "la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, disminuir regulaciones, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado productivo".
Abre así la puerta a darles un piso constitucional a reformas que La Libertad Avanza impulsará luego de las elecciones de octubre a nivel nacional: laboral e impositiva.
Lo mismo para eventuales privatizaciones de empresas públicas. "La intervención del Estado debe regirse siempre por el principio de subsidiariedad, evitando su intervención en actividades que puedan ser llevadas a cabo por los particulares", sostiene en este último sentido.
La unicameralidad que no será
La unicameralidad fue caballito de campaña y aún lo es en la estrategia de posicionamiento público libertario. El artículo constitucional fue escrito, aunque al no estar abierto el tema por la ley de necesidad de la reforma terminará tachado.
Se podría resumir el contenido: reeemplaza las dos cámaras actuales por una sola de 60 miembros. Los legisladores se eligen por distrito único. Y si bien el proyecto exige que las listas incluyan al menos un postulante por departamento, nada impide que los de lugares más chicos o menos influyentes en cantidad de votos queden al final de las nóminas. Así, como en la Cámara de Diputados de hoy, Rosario y Santa Fe serían las ciudades que ocuparían la gran mayoría de las bancas.
Derechos pero "con equilibrio"
El texto menciona el derecho a la salud, al trabajo, a una vivienda digna y al ambiente sano. Sin embargo, los enmarca dentro de una lógica subordinada al equilibrio económico y al desarrollo privado. Un párrafo que lo grafica: "Las políticas ambientales deberán sustentarse en evidencia científica y contemplar criterios de sostenibilidad integral: ambiental, económica y social. Las autoridades provinciales no podrán adoptar decisiones que prohíban, limiten o restrinjan actividades productivas lícitas sin una evaluación previa que fundamente su impacto ambiental, económico y social. Se promoverá un equilibrio razonable entre la protección ambiental y el desarrollo de las actividades que generen empleo, valor agregado y contribuyan al crecimiento de la Provincia y la Nación".
En cuanto a minorías o sectores vulnerables, su preocupación pasa por "la discriminación inversa". Por eso, propone un artículo específico contra cupos y medidas de acción positiva: "La protección y promoción de los derechos humanos no puede sustentarse en políticas de discriminación inversa, medidas de acción positiva, cupos de género; ni utilizar categorías tales como preferencias sexuales, origen étnico o racial, condición social, ideas políticas, ni ninguna otra que viole el principio de igualdad ante la ley”, se lee en parte del mismo.
Se incluye un artículo específico que establece que el gasto público debe guiarse por principios de eficiencia, equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal.
También se establece que el Estado debe proteger la vida "desde la concepción hasta la muerte natural", algo en lo que coincide con el proyecto del partido Uno del pastor Walter Ghione: una claúsula antiabortista en la Constitución.
Capítulo judicial y referéndum de salida
El capítulo judicial también conjuga con la palabra ajuste. Propone que la Corte Suprema esté integrada por cinco miembros, dos menos que el número actual al que adhiere el resto de las iniciativas.
Concentra competencias en un Consejo de la Magistratura fortalecido, con independencia funcional, autarquía presupuestaria y facultades para seleccionar, disciplinar y remover jueces, fiscales y defensores.
El Ministerio Público de la Acusación queda como órgano independiente de los otros poderes y su titular no coincide en mandato con el del gobernador, una lógica parecida a la que propone el socialismo.
Otros puntos que incluye el proyecto: acepta la reelección del gobernador y vice por un período (no incluiría a los actuales ocupantes del cargo), lo mismo que para los legisladores; establece el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura para febrero; habilita el voto joven a los 16 años.
Y rompe el molde con respecto a otros proyectos con una condición: para que la nueva Constitución entre en vigencia debe ser ratificado por más de la mitad de los votos en un referéndum obligatorio que propone convocar en paralelo a las elecciones generales de la Provincia de 2027. Caso contrario, todo el trabajo de la Convención debería ir al archivo. En Chile, en 2023, el "No" ganó un plebiscito de salida de este tipo y la reforma de la Carta Magna no pudo ser aplicada.
Por qué negociar, por qué tensar
La Constitución que los convencionales tienen que entregar el 12 de septiembre no será libertaria. El mileísmo santafesino quedó afuera de la redacción de la ley de necesidad de la reforma y de hecho la judicializó por haber bloqueado la unicamericalidad. En la Convención es el tercer bloque detrás de Unidos y Más para Santa Fe. La lapicera la tienen otros. Si algún enunciado de este proyecto aparece en la nueva Carta Magna, será porque La Libertad Avanza se integró a acuerdos con sectores que son los mismos que estigmatiza para acumular políticamente: ratas, kukas o zurdos empobrecedores.
Justo cuando termine la Convención, el 12 de septiembre, arranca la campaña para una elección que el oficialismo nacional ve como la madre de todas las batallas, la que subordina todas las otras. El 26 de octubre se votan diputados nacionales, y ganar con claridad esos comicios es el más importante logro político que podría tener este año Javier Milei.
